Washington, 10 de septiembre de 2025 (ABC Noticias) — La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este martes revisar con urgencia la legalidad de los aranceles globales impuestos por el expresidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). El Tribunal de Apelaciones bajo el Circuito Federal ya había dictaminado en agosto que Trump excedió su autoridad al aplicar gravámenes generalizados sin autorización explícita del Congreso, aunque manteuvo los aranceles vigentes mientras se resuelve el caso.
La Corte otorgó un tratamiento acelerado al caso, fijando los argumentos orales para la primera semana de noviembre de 2025. Se trata de una petición inusual, considerando que el Tribunal normalmente tarda más tiempo en programar audiencias de esta magnitud.
La disputa legal gira en torno a si la IEEPA permite al presidente imponer aranceles unilaterales ante emergencias nacionales. Trump justificó los gravámenes apelando al narcotráfico y al déficit comercial, aplicando aranceles "recíprocos" de al menos 10 %, y hasta 50 % en algunos casos.
Desde la primera demanda presentada por empresas como Learning Resources y V.O.S. Selections, respaldada por varios estados, se ha cuestionado la constitucionalidad de estos aranceles. Un tribunal de comercio federal dictaminó en mayo que Trump carecía de esa facultad, y el fallo fue confirmado por el Circuito Federal en agosto.
De prosperar la revocación en la Suprema Corte, el gobierno podría verse obligado a reembolsar entre 750 mil millones y un billón de dólares, informó el secretario del Tesoro Scott Bessent. Esto convertiría el caso en uno de los más costosos en términos de devolución de aranceles recaudados —más de 70 mil millones de dólares— y tendría un grave impacto en la administración federal.
La administración Trump, por su parte, argumenta que sin esta herramienta perdería capacidad para presionar en negociaciones comerciales y combatir amenazas como el tráfico de fentanilo. Sin embargo, críticos advierten que permitir esta interpretación expandiría peligrosamente el poder ejecutivo, minando la separación de poderes constitucional y otorgando facultades fiscales que solo el Congreso puede delegar.
Este caso, probablemente uno de los más decisivos en la jurisprudencia comercial y constitucional reciente, será moldeado bajo una Corte con mayoría conservadora, incluyendo tres magistrados designados por Trump. Su resolución, prevista después de noviembre, marcará el límite entre emergencia nacional e imposición de impuestos presidenciales.
