En un comunicado conjunto emitido el 23 de agosto, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron categóricamente la reciente declaración del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
Los gobiernos firmantes señalaron que la verificación realizada carece de fundamento y cuestionaron la legitimidad de los resultados.
Estos países recordaron que ya habían expresado su desconocimiento sobre la validez de la declaración del Consejo Nacional Electoral (CNE), argumentando que "se impidió el acceso de los representantes de la oposición al conteo oficial, no se publicaron las actas y se negó la realización de una auditoría imparcial e independiente".
El comunicado también cita a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que advirtió sobre la "falta de independencia e imparcialidad tanto del CNE como del TSJ".
