El Congreso de Estados Unidos inició este martes el debate sobre si investigar a fondo a través de una comisión independiente el asalto al Capitolio de simpatizantes del expresidente Donald Trump (2017-2021) del pasado 6 de enero, con los demócratas a favor y el liderazgo de los republicanos en contra.
El primer paso para que estas pesquisas sean una realidad comenzó en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, liderado por el demócrata Jim McGovern.
“Necesitamos llegar al fondo de exactamente lo que ocurrió y asegurarnos de que no vuelva a suceder nunca más. Para ello, la comisión debe ser dirigida por expertos, no por políticos”, dijo McGovern al arranque del debate, que se celebra virtualmente.
Inmediatamente después, el líder de los republicanos en este comité, Tom Cole, se mostró contra la comisión especializada y pidió una “investigación más amplia” que incluya las “violentas” protestas del movimiento Black Lives Matter (“Las Vidas Negras Importan”).
Ese fue precisamente uno de los argumentos del líder de los conservadores en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, para oponerse también a la creación de esta comisión especializada, al estilo de la que se estableció para investigar los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En un comunicado previo al inicio del debate, McCarthy dijo que no podía apoyar el compromiso alcanzado en los últimos días por la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi y el representante republicano John Katko.
“Dadas las desviaciones políticas que han empañado este proceso, dada la naturaleza potencialmente contraproducente de este esfuerzo, y dada la vista miope de la presidenta (Pelosi), que no examina formas interrelacionadas de violencia política en Estados Unidos, no puedo apoyar esta legislación”, justificó McCarthy.
Los demócratas y los republicanos habían alcanzado el pasado viernes un acuerdo provisional para la creación de esta comisión independiente que investigue el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero por parte de una turba de seguidores de Trump.
Según este pacto, los integrantes de ese órgano no podrán ser empleados gubernamentales y deberán tener “una amplia experiencia en ámbitos como la aplicación de la ley, los derechos civiles, las libertades civiles, la privacidad, la inteligencia y la ciberseguridad”.
Asimismo, la comisión tendrá poder para obligar a posibles testigos a declarar, aunque para hacerlo deberá haber un acuerdo previo entre su presidente y su vicepresidente, o la mayoría de votos de sus integrantes.
Su misión será redactar un informe con sus hallazgos y recomendaciones para finales de este año.
La creación de esta comisión debe ser aprobada por el Congreso, donde lo tiene más fácil en la Cámara Baja, pero será más complicado en el Senado por la ajustada mayoría que tienen los demócratas y porque el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, se ha opuesto también a su creación.
