Un grupo de hackers iraníes conocido como "Robert" ha amenazado con publicar aproximadamente 100 GB de correos electrónicos presuntamente robados de personas cercanas al expresidente Donald Trump. Entre los nombres señalados estarían la jefa de gabinete Susie Wiles, el abogado Lindsey Halligan, el asesor Roger Stone y la polémica Stormy Daniels.
Según ha revelado el grupo en chats, la información fue extraída originalmente durante la campaña presidencial de 2024. Hace meses ya se filtró un primer lote, con documentos como acuerdos financieros entre Trump y Robert F. Kennedy Jr. o comunicaciones internas del equipo. Aunque el impacto fue limitado, ahora retornan con la amenaza de divulgar un volumen mucho mayor.
Las autoridades estadounidenses lo califican de "campaña de desprestigio calculada". La agencia CISA señaló que esta maniobra forma parte de un esfuerzo por "distraer, desacreditar y dividir" al país . El FBI y la fiscal general Pam Bondi calificaron el hecho como un "ataque cibernético inaceptable" y prometieron que cualquier implicado enfrentará cargos federales.
La Casa Blanca, citando al director del FBI, Kash Patel, destacó que toda brecha que ponga en riesgo la seguridad nacional será investigada y sancionada hasta el máximo permitido por la ley.
El resurgimiento del grupo "Robert" coincide con el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, especialmente tras los bombardeos contra sitios nucleares iraníes. Expertos interpretan la filtración como una retaliación cibernética asimétrica – una forma de atacar sin recurrir a acciones militares directas.
Esta amenaza representa un riesgo significativo: el volumen y contenido del material podrían ofrecer revelaciones comprometedoras sobre políticas internas y estrategias. Aún no se sabe si los correos serán vendidos o publicados gradualmente, pero el impacto político ya está provocando reacciones a nivel nacional.
El caso marca un nuevo punto en la guerra cibernética global: grupos respaldados por Estados pueden usar técnicas digitales para ejercer presión política, influir en la opinión pública o sembrar desconfianza institucional. En este contexto, la defensa y ciberseguridad se posicionan como ejes críticos para afrontar esta nueva modalidad de conflicto.
