Un juez federal de New Hampshire, Joseph Laplante, ha emitido una suspensión temporal a la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de migrantes, aplicando un recurso de demanda colectiva pronunciado hoy, 10 de julio de 2025.
Esta decisión nacional se fundamenta en la certificación de una demanda colectiva representando a todos los niños afectados, nacidos en EE.UU. a partir del 20 de febrero de 2025, que hubieran sido impactados por la medida. El juez Laplante argumentó que la privación de la ciudadanía implicaría un "daño irreparable", lo que justificó la acción inmediata .
La orden de bloqueo incluye un plazo de siete días para que la administración de Trump presente un recurso de apelación, y en ese lapso, la norma queda sin efecto en todo el país.
Esta resolución se produce luego de que la Corte Suprema, el pasado 27 de junio, limitara las capacidades de los jueces para emitir suspensiones judiciales a nivel nacional, a menos que se utilice el mecanismo de acción colectiva. En este caso, el juez Laplante ha aplicado esa excepción para garantizar la protección de los derechos constitucionales establecidos en la 14ª Enmienda.
La impugnación fue presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU), que defiende que esta orden presidencial habilita al gobierno a retroceder más de un siglo de jurisprudencia, ampliando la definición de ciudadanía sin respaldo legal sólido.
La medida buscada por Trump habría negado la nacionalidad estadounidense a más de 150 000 recién nacidos al año, en especial los hijos de personas en situación migratoria irregular o temporal. Tanto organizaciones civiles como expertos legales consideran que esta orden es inconstitucional y rompe con precedentes establecidos desde finales del siglo XIX.
El fallo ha sido aplaudido por defensores de derechos humanos y políticos demócratas que destacan su importancia para proteger la ciudadanía automática basada en el principio del jus soli. Las organizaciones enfatizan que los niños nacidos en los EE.UU. perderían el acceso a beneficios básicos y al derecho de permanecer en el país si la orden llegara a aplicarse .
La administración Trump criticó la decisión judicial como un abuso de autoridad, pero ya ha anunciado que recurrirá la suspensión. El juicio continúa, y el caso podría escalar nuevamente hasta la Corte Suprema.
