El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, lamentó este martes que las acciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, “deslizan hacia una nueva era oscura a Nicaragua”
Con motivo de la celebración de Día de la Independencia del país centroamericano, Blinken emitió un comunicado expresando su solidaridad, aunque ha lamentado que este día debería “ser un momento para celebrar la libertad y el logro histórico del autogobierno”.
“Lamentablemente, hoy en Nicaragua la libertad por la que tantos nicaragüenses lucharon durante tanto tiempo se está deslizando hacia una nueva era oscura”, advirtió Blinken en el bicentenario de la independencia, criticando a Ortega y a su mujer y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, por socavar “constantemente los cimientos de las instituciones democráticas”.
También ha reprochado a los dos mandatarios que “han corrompido el poder judicial, atacado la prensa libre y obligado a desmantelar partidos de oposición que habrían competido contra ellos en las próximas elecciones”.
“Han cerrado todo espacio para la competencia política y el discurso público, encarcelando cruelmente en los últimos meses a más de 30 líderes de la oposición, estudiantes, reporteros, líderes empresariales, activistas de Derechos Humanos y miembros de la sociedad civil”, continuó el jefe de la diplomacia estadounidense, para saludar a los “valientes nicaragüenses que han arriesgado sus vidas para presionar por un país guiado por principios democráticos”.
El Gobierno estadounidense ha impuesto varias rondas de sanciones económicas y de restricción de visados a altos cargos nicaragüenses y familiares directos de Ortega, incluidos sus hijos.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica que estalló en 2018, cuando los nicaragüenses salieron a protestar contra el presidente Ortega, en el poder desde 2007, y quien buscará en los comicios generales de noviembre próximo una nueva reelección.
En el marco de la crisis se registraron 328 muertos, al menos 103.000 exiliados y cientos de opositores presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Unos 4,7 millones de nicaragüenses están convocados a votar el próximo 7 de noviembre en las elecciones generales, en las que además de la fórmula presidencial, también están en juego los 92 escaños de la Asamblea Nacional y otros veinte del Parlamento Centroamericano.
Una parte de la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea, ha cuestionado la legitimidad de estas futuras presidenciales y han denunciado la deriva autoritaria del Gobierno de Ortega por su persecución de líderes opositores, periodistas y colectivos de la sociedad civil críticos con sus políticas.
El Gobierno estadounidense ha impuesto varias rondas de sanciones económicas y de restricción de visados a altos cargos nicaragüenses y familiares directos de Ortega, incluidos sus hijos.
Entre los presos hay siete aspirantes a candidatos a la Presidencia, mientras que entre los exiliados se encuentra el Premio Cervantes 2017 y ex vicepresidente de Nicaragua en el primer Gobierno sandinista (1979-1990), Sergio Ramírez, un crítico de Ortega a quien la Fiscalía acusa de “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.
