El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorgó una victoria clave al expresidente Donald Trump al limitar la capacidad de los tribunales inferiores para emitir bloqueos en todo el país. Esto permite que su orden ejecutiva, que elimina la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados, se aplique en 28 estados que no han impugnado dicha medida.
La decisión, aprobada con mayoría de 6-3, no resolvió la constitucionalidad de la política, pero pausó su implementación solo por 30 días, lo que brinda oportunidades a tribunales estatales para presentar demandas colectivas. De no prosperar esos recursos, el gobierno federal podría comenzar a negar automáticamente la ciudadanía a los bebés nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o con visa temporal en los estados no cubiertos por juicios previos
Trump celebró la resolución como una "victoria monumental" para la Constitución y anunció su intención de continuar "luchando" hasta eliminar completamente la ciudadanía automática por nacimiento. La oposición, por su parte, advierte que esta medida amenaza la igualdad legal y fomentará un sistema fragmentado en el que el derecho a la ciudadanía dependa del estado de nacimiento.
Activistas señalaron que solo el 28 % de los estadounidenses apoya negar la ciudadanía por este motivo, según encuestas recientes. Los críticos alertan que la política contraviene la Decimocuarta Reforma Constitucional, establecida en 1868 para garantizar la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La medida también debilita el uso de medidas cautelares de alcance nacional por parte de jueces, al exigir que las órdenes se limiten a los estados y partes involucradas directamente. Esto implica que, a menos que se logren demandas colectivas exitosas, los menores nacidos en los 28 estados no impugnantes podrían ser tratados como ciudadanos extranjeros.
Este fallo abre un periodo de litigio intenso en tribunales estatales y federales. Mientras tanto, el país enfrenta un escenario legal fragmentado, en el que la ciudadanía puede depender del estado de nacimiento. Grupos defensores de los inmigrantes ya han iniciado procesos colectivos con el objetivo de restablecer el derecho a la ciudadanía universal y evitar un precedente que podría romper el principio del "ius soli".