Centenares de mujeres violadas y sometidas a esclavitud sexual. Las tropas etíopes y eritreas han convertido a las mujeres en doble víctimas del conflicto en la región del Tigré, en Etiopía, según un informe de Amnistía Internacional publicado el miércoles.
El informe, realizado con entrevistas a 63 víctimas, documenta los abusos que han provocado la apertura de una investigación por las autoridades etíopes, y que se ha saldado con la condena de al menos tres soldados por violación y otros 25 acusados de “violencia sexual y violaciones”.
Algunas rescatadas han dicho que fueron violadas en grupo cuando estaban retenidas como prisioneras durante semanas, otras fueron violadas delante de miembros de su familia y algunas aseguran que les introdujeron objetos como clavos o gravilla en sus vaginas, “causando heridas duraderas y quizá irreversibles”, según Amnistía.
“Está claro que la violación y la violencia sexual fueron utilizadas como arma de guerra para infligir daños físicos y psicológicos duraderos a las mujeres y jóvenes del Tigré. Algunas de ellas fueron sometidas a tratos brutales para degradarlas y deshumanizarlas”, según la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard.
“La gravedad y la magnitud de los crímenes sexuales perpetrados son particularmente impactantes, que pueden ser crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad”, agregó.
En los últimos meses, la agencia AFP ha entrevistado a numerosas mujeres que contaron que fueron violadas en grupo por soldados etíopes y eritreos.
Los combates en la región del Tigré (norte) empezaron en noviembre después del envío por el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, del ejército federal para destituir a las autoridades regionales, pertenecientes al Frente de Liberación del Pueblo del Tigré (TPLF). Según el premio Nobel de la Paz 2019, esta operación respondía a los ataques contra los campos del ejército federal que ordenó el TPLF.
Con la intensificación del conflicto, el balance humanitario es dramático: según la ONU, unas 400.000 personas viven en condición de hambruna mientras que apenas llega la ayuda humanitaria. Según Amnistía, los presuntos autores de los abusos pertenecen a las tropas de la vecina Eritrea, que apoyó al primer ministro etíope, y de las fuerzas de seguridad y milicianos de la región etíope de Amhara, vecina del Tigré.
Unas 20 personas dijo a Amnistía que habían sido violadas por eritreos solos, mientras que otras mujeres indicaron que eritreos y etíopes estaban juntos.
“Nos violaron y nos hicieron pasar hambre. Había muchos que hacían fila para violarnos”, contó una joven de 21 años, que dijo haber estado retenida durante 40 días. “Había una treintena de mujeres, nos violaron a todas”.
Según el informe de Amnistía, los centros de salud de Tigré recabaron 1.288 casos de violencia contra las mujeres de febrero a abril de 2021, y los médicos estiman que muchas víctimas no recurren a ellos.
“Desde el principio, a todas estas fuerzas, en todas partes y durante un largo periodo de tiempo, les pareció perfectamente bien cometer estos crímenes porque claramente pensaban que podían hacerlo con impunidad, nada se lo impedía”, señaló la investigadora Donatella Rovera a la agencia AP.
La investigadora declinó especular sobre si algún líder había dado autorización para las violaciones, que según el informe pretendía humillar a las mujeres en particular y a su grupo étnico de Tigray en general. En sus años de trabajo investigando atrocidades en todo el mundo, señaló Rovera, estas estaban entre las peores.
El reporte de Amnistía pedía que se exigieran responsabilidades por la violencia sexual en el conflicto, y señaló que la violación y la esclavitud sexual son crímenes de guerra. Muchas mujeres en Tigray viven ahora con las consecuencias físicas y mentales de los ataques, como infecciones de VIH y hemorragias continuadas, indicó el grupo.
El gobierno etíope no ha permitido el acceso de investigadores de derechos humanos a la región de Tigray, aunque hay una investigación conjunta sobre supuestas atrocidades en marcha de la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía.
