Recientemente, el Senado de la República aprobó la polémica Ley de Telecomunicaciones, también conocida como "La ley espía", con la cual se eliminó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y se le dio facultades al estado para acceder a información privada y biométrica, de allí el apodo de la ley espía.
El dictamen, que fue turnado a la Cámara de Diputados, se aprobó en lo particular con 71 votos a favor de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano (MC), y 29 votos en contra del PAN y el PRI.
La ley otorga a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que estará bajo el mando de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la posibilidad de cortar las transmisiones de radio y televisión.
Asimismo, la agencia tendrá acceso a la información biométrica que recopilará la nueva versión de la CURP, así como tener acceso a ubicación en tiempo real por medio de compañías de internet y telefonía.
Tras esta aprobación, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, negó que la ley se trate de una ley que permita la censura y el espionaje.
En torno a las acusaciones de censura que han surgido como parte del debate de la ley, Merino reiteró que con ella no se dan facultades al Gobierno para espiar a las personas ni para censurar a medios o usuarios de redes sociales.
