El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió, el lunes 22 de noviembre de 2021, un decreto por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su gobierno, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer que mediante ese decreto se instruye a las dependencias y entidades gubernamentales otorgar la autorización provisional para iniciar los proyectos, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Autorización provisional
Precisó que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles, y transcurrido ese tiempo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.
Esta autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, periodo en el cual se deberá obtener la autorización definitiva.
El acuerdo entró en vigor este lunes y fue firmado por los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura, y Turismo.
Acuerdo consta de tres artículos
El acuerdo, que consta de tres artículos y está firmado por López Obrador, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.
Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual administración continúe “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.
El acuerdo entrará en vigor este martes e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente.
“Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el documento.
La autorización provisional tendrá una vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
Pese al discurso de austeridad y las crisis derivadas de la pandemia, especialistas han cuestionado que el Gobierno priorice los megaproyectos del presidente López Obrador.
Tan solo el gasto en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía de la capital, y la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, y el aeropuerto de Tulum equivalen al 0.76% del PIB, reveló en septiembre pasado un análisis de la asociación “México, ¿Cómo Vamos?”.
No obstante, López Obrador, ha exaltado que las cuatro obras de infraestructura emblema de su Gobierno crearon en 2020 al menos unos 150 mil empleos.
