Las tres obras de infraestructura más emblemáticas del sexenio anterior —el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la Refinería de Dos Bocas— enfrentan un complejo panorama judicial al inicio de 2026. Según registros oficiales, estos proyectos arrastran al menos 65 litigios activos, cuyas defensas legales y procesos asociados ya han costado al erario más de 41 millones de pesos.
Los procesos judiciales, que van desde amparos por daños ambientales hasta controversias por la tenencia de la tierra y falta de pagos a contratistas, representan un desafío administrativo y financiero para la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Tren Maya: El proyecto más judicializado
De acuerdo con la información obtenida, el Tren Maya encabeza la lista con el mayor número de recursos legales en su contra. Las principales demandas provienen de:
Grupos ambientalistas: Quienes alegan la destrucción de cenotes y selva virgen en el Tramo 5.
Comunidades indígenas: Que reclaman la falta de consultas previas, libres e informadas.
Propietarios particulares: Por procesos de expropiación que consideran injustos o mal remunerados.
Solo en el caso del sistema ferroviario del sureste, los costos de representación legal han escalado significativamente debido a la necesidad de contratar despachos externos y peritos especializados para responder a las suspensiones definitivas otorgadas por jueces federales.
AIFA y Dos Bocas: Conflictos con proveedores y ejidatarios
Por su parte, el AIFA mantiene abiertos juicios relacionados con la conectividad terrestre y el uso de predios aledaños en el Estado de México. En tanto, la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, enfrenta demandas civiles de empresas subcontratistas que reclaman adeudos por trabajos realizados durante la fase de integración y arranque de la planta.
El gasto de 41 millones de pesos reportado hasta el momento incluye honorarios de abogados, trámites ante juzgados y el cumplimiento de medidas cautelares, una cifra que analistas consideran "conservadora" dado que muchos procesos se encuentran todavía en etapas iniciales de desahogo de pruebas.
El reto de la consolidación
La persistencia de estos 65 litigios pone en relieve la dificultad de consolidar las megaobras frente a la resistencia civil y jurídica. Mientras la presidenta Sheinbaum ha reiterado que las obras son de interés nacional y seguridad nacional, el Poder Judicial continúa revisando la legalidad de los permisos ambientales y los procesos de licitación.
Expertos sugieren que, de no resolverse favorablemente para el Gobierno, estos juicios podrían derivar en indemnizaciones millonarias adicionales, elevando aún más el costo total de los proyectos que ya han superado sus presupuestos originales por márgenes considerables.
