CIUDAD DE MÉXICO (3 de agosto de 2025) — Activistas y familiares de las víctimas del incendio de la Guardería ABC informaron que Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la estancia infantil donde fallecieron 49 niños en 2009, fue detenida en Arizona, Estados Unidos, tras emitirse una ficha roja de Interpol para su captura y reaprehensión. Está recluida en el Centro de Detención de Eloy, Arizona, señalan medios locales.
El grupo "Manos Unidas por Nuestros Niños", conformado por familiares de las víctimas, exigió que las autoridades mexicanas gestionen la extradición inmediata de Téllez Nieves para enfrentar la justicia en México conforme a la sentencia definitiva y firme dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque la detención ocurrió en territorio estadounidense, no ha habido confirmación oficial por parte de las autoridades mexicanas ni estadounidenses. Los padres denuncian que desde 2009 existe un clima de impunidad y encubrimiento, y acusan que tanto propietarios de la guardería como exfuncionarios han eludido procesamientos, algunos incluso ligados a figuras políticas del periodo.
De acuerdo con lo informado, Téllez Nieves solicitó asilo político en Estados Unidos mediante un despacho legal en Arizona, alegando "persecución política". El colectivo rechazó esta versión, calificándola de estrategia para evadir responsabilidades legales por homicidio culposo y lesiones culposas que afectaron a más de 106 menores.
La tragedia sucedió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio consumió las instalaciones de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS. Fallecieron 49 niños y más de 70 resultaron heridos. Desde entonces, han sido varias las resoluciones judiciales, incluyendo condenas para exfuncionarios, pero hasta ahora muchos responsables permanecen impunes.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México solicitará formalmente la extradición de Téllez Nieves a las autoridades estadounidenses para que pase a disposición del sistema judicial mexicano.
Este acontecimiento marca un posible avance en la búsqueda de justicia para las familias afectadas —quienes han sostenido una lucha constante por más de 16 años— y plantea un desafío legal y diplomático entre México y Estados Unidos en materia de cooperación penal.
