CIUDAD DE MÉXICO – Las empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas (factureras) han desfalcado al fisco mexicano en una cifra superior a los 54,698 millones de pesos en los últimos tres años, un monto que la autoridad fiscal calificó como la "maquinaria del fraude". La Procuradora Fiscal de la Federación, Gisel Galeano García, presentó la alarmante cifra durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados.
Galeano García subrayó que el fenómeno de las empresas factureras es "vivo" y representa un grave daño al erario. El dinero evadido, señaló la funcionaria, pudo haberse destinado a obras sociales prioritarias, como la construcción de "hospitales, carreteras, universidades y becas".
Propuesta de reforma y esquema de evasión
Tan solo en el año 2025, la Procuraduría Fiscal detectó un fraude al fisco por un monto de 5,600 millones de pesos mediante estos esquemas, lo que motivó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Ante la magnitud del problema, la procuradora fiscal presentó una propuesta de reforma contundente que busca negar el registro a cualquier empresa o persona que esté directamente vinculada con la operación de factureras. Esta medida se considera esencial para cortar de raíz el esquema de evasión fiscal que ha operado impunemente en el país.
Casos de fraude millonario
El anuncio de la Procuraduría se da en un contexto donde otros casos de fraude millonario están siendo perseguidos internacionalmente. Un ejemplo reciente es la detención en Madrid, España, de Víctor Hugo "N", socio fundador de la empresa Peak Growth Capital, quien es acusado de presunto fraude por un monto de alrededor de 800 millones de pesos, al engañar a cerca de 100 socios inversores con promesas de altos rendimientos que nunca se cumplieron. Su detención es el primer paso para su extradición y el inicio de su proceso judicial en Nuevo León.
La Procuraduría Fiscal de la Federación mantiene su compromiso de perseguir estos delitos, buscando la reparación del daño y el fortalecimiento de la recaudación fiscal.
