La Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vinculó a proceso a Leopoldo Carrillo Werring y Rubén Durán Miranda, ex altos funcionarios del SAT, acusados de participar en un fraude que asciende a 172 millones de pesos. Los cargos incluyen delitos contra la administración pública, uso de documentos falsos y ejercicio ilícito del servicio público.
Los implicados
Leopoldo Carrillo Werring
- Ex Administrador General de Auditoría Fiscal Federal (enero 2018).
- Formó parte de la administración de Enrique Peña Nieto.
Rubén Durán Miranda
- Ex Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal (julio 2017 - diciembre 2018).
- Actualmente Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de México (desde abril de 2022).
Ambos trabajaron bajo la dirección de
Osvaldo Santín Quiroz, jefe del SAT entre 2016 y 2018, durante el sexenio de Peña Nieto.
El caso de fraude
Según las investigaciones de la FGR, los exfuncionarios utilizaron documentos falsificados e incurrieron en irregularidades en el ejercicio de sus funciones, afectando directamente al Fisco Federal con un daño estimado en 172 millones de pesos. Este fraude representó una amenaza seria a la recaudación y administración de los recursos públicos.
Postura oficial
En un comunicado, la FGR destacó que esta acción es parte de una política de cero tolerancia a la corrupción y reafirmó su compromiso con la transparencia y la defensa de los recursos públicos:
"Con estas acciones institucionales conjuntas, se fortalece la recaudación y se contribuye con la construcción de cimientos fuertes para el proyecto de transformación de México".
Impacto y mensaje
Este caso subraya la importancia del combate frontal a la corrupción en la administración pública. La vinculación a proceso de Carrillo Werring y Durán Miranda envía un mensaje claro sobre las consecuencias legales para quienes violan la confianza pública y afectan las finanzas del país.
La FGR y el SAT reafirman su compromiso de salvaguardar los intereses del Estado y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones mexicanas.
