Los abogados defensores del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusaron que las exigencias de reparación de daños por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados por parte del gobierno federal atentan contra los derechos humanos de su cliente.
"El monto de 30 millones de dólares que exige el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como reparación del daño para los casos Odebrecht y Agronitrogenados “es ilegal”, ya que carece de cualquier fundamento técnico y jurídico", dijeron los abogados, Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda.
La defensa de Emilio Lozoya calificaron de desmedida e ilegal las exigencias del gobierno, pues señalan que con una cifra tan alta, solo se busca que su cliente ya no pueda salir de prisión, esto a pesar de que este es un testigo por casos de corrupción que superar su importancia.
“Esta situación ilegítima pretende mantenerse —en agravio de un testigo colaborador como lo es Lozoya Austin—, restringiendo al máximo la posibilidad de acceder a un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad, incrementando injustificadamente el monto de la reparación del daño aplicable a los casos Odebrecht y Agronitrogenados”, señalaron los litigantes.
Además, los abogados defensores acusaron que el enorme aumento de la reparación no tiene ninguna base técnica en la que sostenerse, pues en primera instancia, se llegó que el acuerdo reparatorio sería de 10.7 millones de dólares, pero la federación cambió el acuerdo a 30 millones de dólares.
“La nueva postura del gobierno de México no sólo violenta los acuerdos del Consejo de Administración de PEMEX y las acusaciones coadyuvantes de dicha empresa y de la UIF, sino que al carecer de cualquier fundamento técnico y jurídico, es ilegal, por lo que ningún órgano jurisdiccional aceptaría firmar un documento de esa naturaleza, por atentar contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación”, concluyeron Ontiveros y Rojas.
