Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, en 2018, el Cártel de Sinaloa logró hackear datos del FBI para identificar y asesinar a sus informantes en Ciudad de México. El ataque incluyó acceso a llamadas, geolocalización y a la videovigilancia del sistema C5 de la capital.
El hacker del cártel, presuntamente operativo en nombre de la organización liderada por Joaquín "El Chapo" Guzmán, obtuvo registros telefónicos de un agregado legal del FBI acreditado en la embajada estadounidense en CDMX. Estos registros incluyeron llamadas realizadas y recibidas, así como datos de ubicación en tiempo real.
Además, el hacker utilizó las cámaras públicas de la Ciudad de México para rastrear los movimientos del agente del FBI, identificar a las personas con las que se reunía y así localizar a posibles informantes. Con esta información precisa, el cártel intimidó y, en algunos casos, asesinó a testigos colaborativos de la agencia.
Este caso expone la amenaza creciente de la vigilancia técnica ubicua, que combina cámaras, datos de teléfonos y bases de datos, y que permite a organizaciones criminales acceder a inteligencia sofisticada. El Departamento de Justicia lo califica como una vulnerabilidad crítica para la seguridad y los métodos de protección de informantes.
En respuesta, el informe recomendó que el FBI desarrolle un plan estratégico para mitigar estas amenazas, mejore la capacitación del personal y establezca controles más robustos contra el espionaje tecnológico.
El hackeo revela un cambio en las capacidades delictivas: grupos como el Cártel de Sinaloa, antes limitados a métodos tradicionales, ahora emplean ciberataques combinados con herramientas de alta tecnología para desmantelar redes de inteligencia y atacar a quienes colaboran con la justicia.
Este hecho agrava la percepción sobre el poder de los cárteles mexicanos, cuyos impactos ya atraviesan fronteras y afectan incluso la seguridad de agentes estadounidenses. Las autoridades advierten que esta evolución en el crimen organizado requiere contramedidas tecnológicas y legales renovadas.
