El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra el lavado de dinero ligado al narcotráfico en México, apuntando a tres instituciones financieras: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. El Departamento del Tesoro las declaró "de preocupación principal" por presuntamente blanquear fondos de cárteles, especialmente relacionados con precursores de fentanilo que arribaron desde China.
Las sanciones incluyen la prohibición de transacciones con bancos estadounidenses, una medida sin precedentes bajo la nueva ley FEND Off Fentanyl, y que entrará en vigor el 21 de julio. Además, México intervino temporalmente CIBanco e Intercam para salvaguardar los depósitos de clientes y evitar una crisis financiera interna.
El impacto fue inmediato: agencias de calificación como Fitch y S&P redujeron la calificación de estas entidades, mientras Visa suspendió las transacciones internacionales vía CIBanco sin periodo de gracia. A su vez, la CNBV asumió el control operativo de las dos instituciones bancarias.
El presidente mexicano, Claudia Sheinbaum, respondió cuestionando la falta de pruebas y solicitando evidencias contundentes, reiterando que el sistema financiero nacional es "muy sólido" y que actuarán con base en pruebas. Por su parte, los bancos afectados rechazaron categóricamente las acusaciones y se mostraron dispuestos a colaborar.
La Casa de Bolsa Vector, acusada de facilitar transacciones para carteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, defendió su integridad institucional y aseguró que nunca recibió notificación formal de los cargos.
Especialistas advierten que estas acciones representan un mensaje global sobre el compromiso de EE.UU. en combatir el financiamiento ilícito, impulsado por la crisis del fentanilo. También presionan a México para reforzar sus controles antilavado y actualizar su marco regulatorio. En paralelo, se aceleran iniciativas de cooperación binacional en inteligencia financiera y mecanismos de investigación conjunta .
Este cambio de estrategia implica que más bancos mexicanos podrían quedar en la mira si no mejoran sus sistemas de prevención. EE.UU. planea extender medidas contra otras instituciones con señales de financiar operaciones criminales.
El futuro del sistema dependerá de la capacidad de México para responder con transparencia, colaboración judicial y actualizaciones legales. De no hacerlo, el riesgo de nuevas sanciones podría profundizar la tensión económica y alterar significativamente la confianza dentro del sector financiero.