En medio de un clima político cada vez más tenso, una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en el centro del debate a uno de los proyectos de comunicación más visibles del gobierno federal: Infodemia.
El señalamiento no es menor. Apunta directamente contra Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), y contra otros responsables de la plataforma, por presunto uso indebido de recursos públicos.
El origen del conflicto: un video viral que desató todo
Todo comenzó con una escena aparentemente trivial, pero altamente simbólica: imágenes de una funcionaria tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional.
El material se volvió viral rápidamente y generó preguntas sobre el uso de espacios oficiales. Sin embargo, la polémica creció cuando Infodemia desmintió la autenticidad del video, asegurando que se trataba de contenido manipulado con inteligencia artificial.
Días después, la realidad alcanzó a la narrativa: el propio gobierno confirmó que las imágenes eran reales y que la funcionaria fue sancionada. Infodemia tuvo que rectificar públicamente.
Ese giro fue el detonante.
La denuncia: acusaciones de peculado y uso ilícito
El periodista Ignacio Gómez Villaseñor decidió llevar el caso más allá del debate mediático y presentó una denuncia formal ante la FGR.
En ella solicita investigar posibles delitos como:
- Peculado (uso indebido de recursos públicos)
- Ejercicio ilícito del servicio público
- Uso de plataformas oficiales para desacreditar a periodistas
Según el documento, Infodemia habría utilizado recursos del Estado para difundir contenidos que cuestionan o descalifican trabajos periodísticos, lo que podría cruzar la línea entre comunicación institucional y propaganda.
Más allá del error: dudas sobre la metodología
Uno de los puntos más delicados de la denuncia no es solo el error en el caso del video, sino lo que revela sobre el funcionamiento de Infodemia.
Se cuestiona que:
- No exista una metodología clara y verificable para determinar qué es "falso"
- No se sigan estándares internacionales de fact-checking
- Se etiqueten contenidos como falsos sin correcciones transparentes posteriores
Además, se advierte que este tipo de prácticas puede generar un efecto preocupante: exponer públicamente a periodistas, lo que en México implica riesgos reales.
Libertad de expresión en el centro del debate
El caso ha reabierto una discusión clave:
- ¿Dónde termina la comunicación oficial y empieza la propaganda?
- ¿Puede el Estado señalar directamente a periodistas sin afectar la libertad de expresión?
Para el denunciante, el problema no es solo un error puntual, sino un patrón que podría impactar el ejercicio periodístico en el país.
¿Qué sigue?
La denuncia ya fue recibida por autoridades anticorrupción y la FGR. Ahora corresponde a las instituciones determinar:
- Si hubo uso indebido de recursos públicos
- Si existen responsabilidades administrativas o penales
- Y si el modelo de comunicación de Infodemia cumple con la legalidad
Mientras tanto, el caso sigue creciendo como un símbolo de algo más grande: la batalla por la verdad en la era digital... y quién tiene el poder de definirla.
