La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora informó que, en lo que va del año, al menos 349 menores de entre 10 y 12 años han sido detenidos por su participación en actividades ligadas al crimen organizado, reveló el delegado Francisco Sergio Méndez durante un acto de incineración de drogas y destrucción de vehículos en Hermosillo.
Las investigaciones indican que muchos de estos menores no son originarios del estado, sino que han sido reclutados o trasladados desde otras entidades para realizar labores como vigilancia, logística, traslado de armas o incluso servir como señuelos durante operativos, precisó Méndez. Este fenómeno, explicó, responde en gran parte a la descomposición del entorno familiar, donde situaciones de violencia doméstica funcionan como caldo de cultivo para el reclutamiento.
El delegado alertó que los niños participan sin comprender plenamente las consecuencias legales y personales de sus actos. Ante ello, propuso triplicar las sanciones penales para los adultos que operen junto a menores, especialmente cuando los usen de escudos humanos o en actividades violentas, una medida ya presentada ante la Mesa Estatal de Seguridad.
Este problema no es nuevo, pero ha escalado significativamente: en 2024 se reportaron 344 menores detenidos por casos similares. Las autoridades han identificado a Sonora como una de las entidades con incidencia más alta en reclutamiento infantil, junto con Colima y Morelos. Además, se investiga si los menores fueron engañados con promesas o bajo coerción.
La gravedad del asunto ha encendido alarmas entre defensores de infancia, quienes advierten que miles de niños en México corren riesgo de ser absorbidos por el narco desde edades tempranas, entre 9 y 11 años. Organizaciones piden mayores políticas públicas y presupuestos para la protección integral, incluyendo prevención familiar, escolar y comunitaria.
Frente a este escenario, Sonora fortalece operativos conjuntos entre la FGR, Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional, centrados no solo en detener a menores, sino en desmantelar las redes adultas que los explotan. También se colabora con el gobierno estatal, encabezado por Alfonso Durazo, para diseñar estrategias que fortalezcan el tejido social familiar.
El reto ahora es avanzar en una agenda integral: endurecer penas para criminales adultos, reparar el daño a los menores detenidos y fortalecer políticas públicas que impidan que vuelvan a ser usados. La FGR indicó que seguirá impulsando la propuesta de triplicar sanciones para quienes incorporen a menores en ilícitos, en un esfuerzo por cortar esta forma de explotación infantil.
