La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este viernes como "irrespetuosas" las declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López, luego de que este acusara al gobierno mexicano de actuar como un "brazo de relaciones públicas" del cártel de Sinaloa.
Desde Culiacán, aclaró que esas afirmaciones son una falta de respeto a la "institución presidencial" y recordó que el caso del hijo de "El Chapo" es competencia directa de la Fiscalía General de la República (FGR), no del Ejecutivo federal . Añadió que no existe "relación de contubernio ni complicidad con nadie" y que la extradición y proceso judicial se realizan conforme a tratados y en estricto marco legal.
Lichtman ha cuestionado la "falta de coherencia" en la política estadounidense —que por un lado cataloga al crimen organizado como terrorismo, y por otro realiza acuerdos judiciales con capos— y reprochó que México no fue informado sobre el acuerdo entre EE.UU. y su cliente.
En respuesta, la FGR también rechazó las declaraciones de Lichtman como "descalificaciones injustas" y subrayó que la colaboración con EE.UU. se realiza con base en órdenes de aprehensión emitidas en territorio nacional .
El rechazo de Sheinbaum se enmarca en un contexto de tensión mediática, luego de que Ovidio Guzmán se declarara formalmente culpable en una corte de Chicago por cargos de narcotráfico, lavado y crimen organizado, y se comprometiera a colaborar para reducir su condena.
Este intercambio público pone en evidencia un choque entre acusaciones legales e institucionales. Por un lado, el litigante cuestiona la integridad del gobierno mexicano; por otro, Sheinbaum y la FGR defienden su actuación dentro de los marcos legales internacionales. El episodio abre un debate sobre la transparencia de las negociaciones judiciales de EE.UU. con capos y el rol que México tiene en esos procesos.
