La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraerá el caso relacionado con el suministro de agua en Ecatepec, Estado de México, en el que se analizará si el gobierno municipal puede restringir el servicio a alrededor de 50 litros diarios por persona, aun cuando los usuarios cumplan con el pago correspondiente.
El asunto llegó al Máximo Tribunal a través del expediente 869/2025, derivado de una solicitud presentada por la diputada Miriam Silva Mata, quien pidió que se revisara la constitucionalidad de esta medida aplicada por autoridades municipales.
La SCJN revisará si Ecatepec garantiza el derecho humano al agua
La solicitud presentada por la legisladora tiene como eje central la forma en que el gobierno municipal de Ecatepec garantiza el derecho humano al acceso al agua. En particular, la Corte analizará la legalidad de limitar el suministro, incluso a personas que se encuentran al corriente en el pago del servicio.
Con la atracción del caso, la SCJN ordenó a los Tribunales Colegiados del Estado de México suspender cualquier resolución pendiente relacionada con este tema, con el objetivo de evitar fallos definitivos mientras el Máximo Tribunal analiza el fondo del litigio.
¿En qué consiste el "mínimo vital" de agua aplicado en Ecatepec?
El análisis constitucional se centrará en el llamado "mínimo vital", una medida que el gobierno municipal justifica por la escasez de agua y las limitaciones técnicas del sistema de distribución. En términos prácticos, este criterio establece un suministro aproximado de 50 litros de agua diarios por persona, una cantidad equivalente a lo que cabría en tres cubetas grandes, destinada a cubrir durante 24 horas actividades básicas como el consumo humano, la preparación de alimentos, la higiene personal y la limpieza doméstica.
La SCJN evaluará si esta medida es compatible con el derecho humano al acceso al agua potable, reconocido en la Constitución. La votación para atraer el caso contó con el respaldo de las ministras y ministros Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf, Hugo Aguilar Ortiz, Sara Irene Herrerías Guerra e Irving Espinosa Betanzo, quienes consideraron que el asunto reviste una relevancia constitucional.
La resolución que emita la Suprema Corte podría sentar precedentes aplicables a otros municipios del país, especialmente en contextos de escasez hídrica y políticas de racionamiento del agua.
