La confrontación entre Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en evidencia un conflicto sobre la autonomía del Poder Judicial. Mientras Piña defiende la independencia judicial, el oficialismo, liderado por Morena, impulsa una reforma que, según ellos, busca democratizar un sistema judicial que consideran corrupto y alejado de las necesidades del pueblo.
Principales puntos de la reforma:
Elección popular de jueces y magistrados: La reforma propone que los jueces sean elegidos por voto popular, lo cual, según Piña, puede llevar a la politización del Poder Judicial. Argumenta que los jueces no deben ser representantes populares, sino expertos en resolver conflictos según la ley. La elección mediante un proceso aleatorio, como el uso de una tómbola, en lugar de asegurar capacidad técnica y experiencia, introduce incertidumbre en la calidad de la justicia.
Reducción del tiempo de mandato: Los magistrados verían reducida su permanencia en el cargo, limitando su influencia y poder, un cambio que la oposición y sectores judiciales interpretan como un ataque directo a la estabilidad y profesionalización del Poder Judicial.
Tribunal de disciplina: Se propone la creación de un ente de control externo que supervisaría el comportamiento de jueces y magistrados. Sin embargo, Piña cuestiona la eficacia de esta medida, argumentando que ya existen mecanismos para revisar la actuación de los jueces a través del Consejo de la Judicatura Federal.
Las críticas de Piña
Norma Piña se ha mostrado firme en su rechazo a la reforma, no porque no considere necesaria una transformación en el Poder Judicial, sino porque ve en esta propuesta un retroceso. Argumenta que la elección popular de jueces comprometería la imparcialidad y profesionalismo del sistema, dado que los jueces podrían verse tentados a responder a las presiones electorales y no a los principios legales.
Piña señala que el Poder Judicial ya tiene problemas estructurales que deben abordarse, pero que la solución no radica en cambiar la forma de elección de los jueces, sino en reformar las bases del sistema, invirtiendo en más tribunales, tecnología y acceso a la justicia para la población. Asimismo, destaca que la reforma, tal como está planteada, afecta la separación de poderes y podría debilitar el Estado de derecho.
Reacciones nacionales e internacionales
El conflicto ha generado una respuesta variada. Aunque el 70% de la población apoya al gobierno de AMLO, la reforma ha sido cuestionada por abogados, expertos en derecho, y gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, que ven con preocupación la erosión de la independencia judicial. Al mismo tiempo, ha provocado protestas y un paro judicial, mientras que los inversores temen por la seguridad jurídica, lo que ha contribuido a una devaluación del peso mexicano.
En resumen, el momento actual representa una de las crisis más profundas para el Poder Judicial mexicano, con implicaciones no solo para la política interna, sino también para la relación de México con la comunidad internacional y la estabilidad económica del país.
