El pueblo indígena, San Miguel Albarradas en Oaxaca, impuso una ley en sus habitantes de multar con una suma de dinero o con la cárcel al ciudadano que intente o logre denunciar abusos de autoridad ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Un documento sellado y firmado por las y los regidores señala que: “Se sancionará a todas personas o persona que salten a la autoridad municipal en turno y presenten su caso ante otra instancia (municipio, derechos humanos, fiscalía, etc) con una multa económica por la cantidad de 5 mil pesos más los gastos que se generen de dar respuesta”.
En este pueblo se encerró a una mujer llamada, Josefina Martínez Ramírez, la cual su gran crimen fue no haber invitado a las autoridades del lugar a comer en el hogar de una ganadora de un concurso en el pasado 16 de Septiembre.
Estos actos en el pueblo indígena son una flagrante violación a los derechos humanos que son garantizados por la Constitución Mexicana.
