Los Guacamaya Leaks revelaron que por órdenes de altos militares, se pidió y ordenó que se negara que los militares permitieran a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa realizar búsqueda de restos dentro de los cuarteles.
En los mismos documento robados a la Sedena por medio de un ataque cibernético, señalan que fue Humberto Guillermo Aguilar, exjefe del Estado Mayor de Sedena, recomendó al general Salvador Cienfuegos con desmantelar prisiones para civiles que se encontraban dentro de las instalaciones del batallón 27 de infantería de Iguala.
El documento fue expedido el 24 de Enero del 2015, a pocos días de que padres de los desaparecidos hicieran una visita a las instalaciones
El general alerta que los mandos deben evitar caer en contradicciones y evitar “aceptar que a los cuarteles se concentran civiles detenidos”.
El oficio revela los preparativos del Ejército ante una de las demandas más contantes de los padres, para verificar el papel de las fuerzas armadas en el crimen, que sigue impune ocho años después.
