Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, recibió un tercer auto de formal prisión por parte de la justicia mexicana. La decisión se emitió por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada agravada y lavado de dinero, derivados de su posible rol como líder de una red criminal estructurada.
El nuevo auto de formal prisión se suma a otros dos procesos previos que enfrenta Yarrington. El primero fue por delitos contra la salud, y el segundo por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con este tercer caso, su situación legal se complica, ya que acumula tres causas penales por delitos graves.
La Fiscalía General de la República sostiene que Tomás Yarrington utilizó su cargo como gobernador para facilitar actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero. Las investigaciones señalan que habría recibido sobornos millonarios y canalizado fondos mediante prestanombres para adquirir bienes inmuebles, entre ellos ranchos, propiedades y hasta una isla.
Actualmente, Tomás Yarrington permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde fue ingresado tras su extradición desde Estados Unidos. Durante su estancia en el extranjero, cumplió una sentencia por lavado de dinero, tras declararse culpable de recibir sobornos por millones de dólares.
La acusación de delincuencia organizada agravada se sustenta en su presunta calidad de dirigente dentro de una organización delictiva. Esto implica mayores penas y refuerza la intención del Estado mexicano de castigar a quienes ocupando un cargo público colaboraron con el crimen organizado.
El caso de Tomás Yarrington es emblemático en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Representa una advertencia para otros exfuncionarios vinculados con el crimen organizado y demuestra que el sistema judicial mexicano busca sancionar los abusos de poder.
