Tras haber detectado inconsistencias en su evolución patrimonial, la Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó por 10 años al actual director de Pemex Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien había sido acusado de participar en el esquema de desvío de recursos a través de la subcontratación de universidades públicas desde diferentes instituciones públicas federales, conocido como la Estafa Maestra.
A pesar de que en junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en conferencia de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró evidencia que involucrara a Lozada Aguilar en las acusaciones de desvío de recursos, esta tarde la SFP dio a conocer que las sanciones aplicadas en su contra derivan de la instrucción presidencial de investigar y sancionar a funcionarios relacionados con ese caso de desvío de recursos.
En un comunicado, la dependencia encabezada por
Irma Eréndira Sandoval citó al presidente Andrés Manuel López Obrador para explicar las sanciones en contra de Lozada: “si están involucrados (altos funcionarios de Pemex designados por la nueva administración) en eso de la Estafa Maestra, no tienen por qué trabajar en este gobierno, si los contrataron, hicieron mal... les adelanto que, si están involucrados en un acto de corrupción, no tienen trabajo en el gobierno”.
La dependencia recordó que el Presidente instruyó tanto al director general de Pemex como a la secretaria de la Función Pública que separaran a los funcionarios vinculados a la Estafa Maestra.
De acuerdo con el comunicado de la SFP, a principios de año se anunciaron diversas auditorías y acciones específicas en contra de Lozada Aguilar y de colaboradores cercanos.
En abril pasado, dice el comunicado, la SFP presentó ante la Fiscalía General de la República las denuncias correspondientes por hechos constitutivos de probables delitos que resultaron de las auditorías, investigaciones y procedimientos que previamente inició.
“En ese marco, se identificaron indicios a partir de los cuales se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa e investigaciones relativas a su evolución patrimonial, para detectar y documentar probables inconsistencias resultado de posibles conductas irregulares”.
Algunas de esas irregularidades son omisiones detectadas en sus declaraciones patrimoniales de cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017, las cuales violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos.
La SFP aseguró que “en todo momento se respetó el derecho de audiencia de la persona inhabilitada, sin que haya podido justificar por qué no reportó dos cuentas bancarias y los beneficios económicos producto de un bien inmueble”.
Lozada fue notificado hoy de la resolución, cuyo efecto implica que Pemex deberá separarlo del cargo que se encuentra ocupando.
“En estricto apego a la ley, y para garantizar su cumplimiento, la Secretaría de la Función Pública vigilará la efectiva aplicación de la sanción y será respetuosa de las determinaciones que en su momento tomen otras instancias”, precisó.
