Antes de esta reforma, el derecho a la legítima defensa sólo aplicaba a situaciones ocurridas dentro del hogar, con los cambios al Código Penal estatal, ahora aplica también para negocios o sitios de trabajo.
Es decir, no se procesará a los responsables de lesiones u homicidios si se comprueba que actuaron en legítima defensa propia, de la familia y del patrimonio.
Dicha ampliación al derecho a la legítima defensa fue aprobada por mayoría, con el voto de la bancada de Morena en contra.
"No es justo que el ciudadano que se pueda defender de la comisión del delito en su negocio o su trabajo vaya a dar a la cárcel, por ello y por una exigencia ciudadana consideramos que la legítima defensa debe ir más allá de los hogares y ampliarse a los lugares de trabajo y comercios".
"Porque es un acto elemental de justicia y evitamos que los ciudadanos vayan a la cárcel por simplemente defenderse", dijo Carlos De la Fuente, coordinador de la bancada del PAN.
La ampliación de la legítima defensa fue impulsada desde febrero por la diputada panista, Claudia Caballero, quien indicó que se trata de dar "certeza jurídica a los nuevoleoneses para el debido cuidado de sus seres queridos, de sus bienes o los objetos".
Ambos panistas coincidieron en que se trata de una iniciativa que busca cubrir una necesidad en materia de seguridad exigida por los ciudadanos.
En contra de la ampliación de la legítima defensa se pronunció el diputado de Morena, Luis Torres, al considerar que se trata de una licencia para matar.
"La reforma (iniciativa) puede interpretarse como un permiso para matar, no debemos de darle la responsabilidad al ciudadano de tomar la justicia por su propia mano. El Estado y los municipios deben garantizar la seguridad", comentó el morenista.
La ampliación de la legítima defensa se aprobó luego de que el pasado 30 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha la construcción de una comercializadora de armas de fuego y explosivos en las instalaciones de la Séptima Zona Militar, en Apodaca.
