México.- El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró su llamado al Estado mexicano para otorgar la libertad condicional a Daniel García y Reyes Alpízar
, quienes han estado en prisión preventiva por más de 16 años por delitos que no cometieron.
En agosto de 2017, los expertos concluyeron que la detención de ambos fue arbitraria por ausencia de base legal y por haber sido impuesta con un procedimiento que no respetó sus derechos humanos de un juicio justo.
“García y Alpízar habrían sido detenidos sin una orden arresto y no fueron llevados sin demora ante un juez. Adicionalmente, no se respetó la presunción de inocencia y fueron presuntamente sometidos a tortura con el propósito de extraer confesiones incriminatorias”.LEIGH TOOMEY. VICEPRESIDENTA
La información del Grupo de expertos se transmitió a México en 2017 y refirieron que recientemente han recibido respuestas negativas sobre la libertad de los detenidos.
Agregaron que tampoco hay evidencia de que se haya investigado y sancionado la presunta tortura contra Daniel y Reyes. Actualmente hay dos recursos de apelación que revisan acordar medidas alternativas a la prisión preventiva.
Por ello, como México forma parte del Consejo de Derechos Humanos del organismo, le hicieron un urgente llamado para que devuelva la libertad de Daniel García y Reyes Alpízar.
¿De qué se les acusa?
García y Alpízar son acusados del asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamés, ocurrido el 5 de septiembre de 2001. García fue arrestado el 25 de febrero y Alpízar el 25 de octubre ambos del 2002.
A Daniel García Rodríguez, de 54 años de edad, la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, Estado de México le pidió involucrar en actos de corrupción al expresidente municipal y al presidente municipal electo en Atizapán de Zaragoza en ese entonces.
Por su parte, Reyes Alpízar Ortiz, de 52 años de edad, fue detenido por agentes de la policía ministerial cuando esperaba el camión que lo llevaría a su casa en el estado de Hidalgo.
Luego lo retuvieron unas 12 horas y en un hotel fue sometido a golpes, descargas eléctricas, asfixia, quemaduras e inyecciones para obligarlo a firmar una declaración ministerial prefabricada en a que confesaba su participación en el asesinato de la regidora Tamés Pérez.
