Piedras Negras, Coah. – Un embargo precautorio por más de 990 mil pesos golpeó este miércoles al Ayuntamiento de Piedras Negras, luego de que un grupo de 110 trabajadores ganara una demanda laboral por adeudos de salarios y prestaciones. La medida judicial pone contra las cuerdas a la administración del alcalde Jacobo Rodríguez, señalado por un manejo negligente del caso y por confiar en un asesoramiento jurídico fallido.
El H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila ordenó al Banco Mercantil del Norte (BANORTE) congelar las cuentas del Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la sentencia. En caso de desacato, la institución financiera podría enfrentar sanciones severas.
Según la resolución, el monto embargado de $993,247.32 corresponde a $776,935.18 por salarios atrasados y $216,312.14 en bonos de despensa. Los trabajadores solicitaron esta medida cautelar tras denunciar intentos por debilitar su sindicato, así como el riesgo de que los recursos municipales fueran desviados.
El conflicto deja en entredicho la capacidad de gestión del edil Rodríguez, quien enfrenta uno de los momentos más críticos de su administración. El abogado Muzquiz, señalado como su principal asesor jurídico, ha sido responsabilizado por un mal manejo legal que derivó en la sanción económica y la paralización parcial de las finanzas municipales.
"Es la primera vez en esta gestión que una decisión judicial compromete de forma tan directa los recursos del Ayuntamiento. Estamos hablando de un fallo derivado no sólo de omisiones, sino de un asesoramiento legal completamente ineficiente", declaró una fuente cercana al caso.
La demanda, sustentada en la Ley Federal del Trabajo, denuncia que el impago de salarios y prestaciones ha vulnerado derechos humanos fundamentales. "El trabajo digno implica condiciones que respeten la dignidad humana del trabajador. Esta administración ha fallado en cumplir con lo básico: pagar a quienes sostienen su operación", señala el documento presentado ante el tribunal.
Con las cuentas municipales congeladas y la presión legal en aumento, el alcalde deberá buscar una salida inmediata a la crisis para evitar mayores afectaciones a los servicios públicos y a la plantilla laboral.
