PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial de Coahuila ordenó el embargo de una cuenta bancaria del Ayuntamiento de Piedras Negras para asegurar recursos destinados a la subsistencia de trabajadores sindicalizados de Obras Públicas involucrados en el juicio laboral 340/2025.
La determinación fue emitida el 9 de diciembre, luego de que los representantes legales de los empleados solicitaron medidas para garantizar el cumplimiento de lo previamente dispuesto por el Tribunal.
Tras analizar las promociones presentadas por el abogado Pablo Ernesto Meza Quintanilla, la autoridad declaró procedente embargar la cuenta 1059487606 de Banorte, a nombre del municipio, con el fin de resguardar los montos correspondientes a seis meses de subsistencia para cada trabajador, tal como se fijó el pasado 3 de noviembre.
Los apoyos individuales oscilan entre 75 mil y 136 mil pesos, sumando un total de 7 millones 650 mil 693 pesos, recursos que serían entregados a los empleados en caso de que no prospere el recurso de queja interpuesto por el Ayuntamiento.
La resolución fue firmada por la magistrada Eva de la Fuente Rivas, presidenta del Tribunal y de la Sala Superior, quien instruyó a la sucursal 088 de Banorte a ejecutar el embargo conforme al artículo 202 Bis del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado. El acuerdo quedó asentado ante el secretario general de acuerdos, Roberto Alejandro Ramírez Maldonado.
Pese a ello, el Ayuntamiento afirmó que detrás de la resolución existen "grupos de poder" que habrían influido en el fallo. Sin embargo, el señalamiento no disipó las dudas sobre la estrategia jurídica municipal, ya que la medida deriva del amparo directo promovido por la propia administración y no de presiones externas.
El asesor legal del municipio, Gilberto Múzquiz, explicó que el embargo forma parte de la suspensión solicitada por la misma autoridad municipal y, aunque insistió en que la resolución fue emitida con una rapidez "inusual", evitó precisar por qué, si consideran que la Ley de Amparo exenta a los municipios de presentar garantías, no previeron que el Tribunal interpretaría lo contrario.
Múzquiz aseguró que el municipio ya había depositado casi 23 millones de pesos —monto que triplica lo requerido— y afirmó que no existe riesgo para la operatividad municipal. No obstante, este depósito extraordinario genera nuevas dudas sobre la previsión real del gobierno local en el manejo de la liquidación del sindicato de Obras Públicas.
El Ayuntamiento insistió en que medios y actores políticos buscan amplificar el caso para crear una percepción de crisis, pero tampoco ha aclarado los elementos jurídicos que llevaron al Tribunal a ordenar el embargo ni las inconsistencias de su propia defensa, más allá de culpar a terceros. Finalmente, la administración atribuyó la situación a intereses que "no han superado" la pérdida del control político en la región.
