PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A tres semanas del presunto allanamiento a la propiedad del notario público Raúl Fernando Tamez Robledo por parte de elementos de la Policía Municipal, el Gobierno de Piedras Negras continúa sin emitir una respuesta formal ante la denuncia presentada por el afectado, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el actuar institucional y la transparencia en torno al caso.
Durante una reciente conferencia, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, aseguró que el Municipio no ha recibido notificación oficial alguna por parte de la Fiscalía del Estado, respecto a la denuncia penal interpuesta por Tamez Robledo.
Sin embargo, omitió mencionar que existe una queja formal presentada directamente ante la administración municipal desde el pasado 10 de junio, dirigida tanto al comisario de Seguridad Pública como a la Contraloría Municipal, con sello oficial de recibido.
En ese documento, el notario detalló con precisión los hechos del allanamiento, incluyendo la participación de cuatro elementos municipales, así como la identificación de una patrulla implicada, con número económico 2558, lo que permitiría un fácil rastreo e incluso sanción de los responsables.
No obstante, hasta el momento no se ha informado si la Contraloría ha iniciado investigación alguna ni ha habido pronunciamiento público por parte del comisario de Seguridad Pública.
La omisión del tema en la rueda de prensa del pasado viernes, encabezada por Aguilar, refuerza la percepción de opacidad y deja entrever una posible falta de voluntad institucional para esclarecer un hecho que involucra presunto abuso de autoridad.
Pese a que el Municipio insiste en que no ha sido notificado formalmente por la Fiscalía Estatal, persiste el silencio absoluto respecto a una queja que ya obra en su poder, y que fue entregada por los canales administrativos correspondientes.
Esta pasividad no solo debilita la confianza ciudadana en los mecanismos de control interno, sino que abre la puerta a la impunidad dentro de las corporaciones locales.
"Si el propio Municipio no investiga a sus policías cuando hay pruebas documentadas, ¿qué mensaje se está enviando a la ciudadanía?", cuestionó un abogado consultado, quien pidió permanecer en el anonimato.
El caso continúa sin avances visibles, mientras los señalamientos de abuso de poder y uso arbitrario de la fuerza por parte de elementos municipales siguen sin atenderse ni sancionarse, a pesar de existir elementos suficientes para iniciar una investigación interna.
