CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas Aunque Estados Unidos reclama los bienes y el dinero que el exgobernador Tomás Yarrington obtuvo producto de lavado de dinero del narcotráfico, el Congreso de Tamaulipas advirtió ayer que también buscará la forma legal de recuperarlos.
“Hay temas muy delicados como cientos de hectáreas en el Puerto de Altamira, que casualmente aparecieron con el nombre de un particular”, señaló el diputado panista Carlos Alberto García González, presidente del Congreso local.
“Cuando en realidad había habido una donación a un patronato y hubo toda una cadenita que mucho dejó que desear”.
El coordinador de los panistas en el Congreso se refirió a un señalamiento que hizo el entonces diputado local, Luis Alonso Mejía, durante la Administración de Yarrington.
A través de un punto de acuerdo, Mejía lo acusó de haber vendido un terreno industrial de mil 600 hectáreas, ubicado en el Puerto de Altamira, a un costo de 14 millones de pesos, muy por debajo de su valor real, a su prestanombres Fernando Alejandro Cano Martínez.
Lo anterior a través de la figura del “Fideicomiso Nuevo Santander”, que por decreto recibió los terrenos que cedió el Gobierno Federal al Estado.
Sin embargo, al poco tiempo estos predios se vendieron a la la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V., presuntamente a un precio de 87 centavos el metro cuadrado, cuando su valor real era de entre 200 y 300 pesos.
