Javier Duarte ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) entregarle pruebas sobre el dinero que desvió desde el Gobierno de Veracruz a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.
De acuerdo con informes del Gobierno federal, el mes pasado el ex Gobernador envió una solicitud de criterio de oportunidad a la Fiscalía, en la que, a cambio, pide que la información y evidencias que proporcione no sean utilizadas contra sus ex colaboradores.
El veracruzano ofreció declarar contra el ex Presidente y varios de sus colaboradores, a quienes asegura que también entregó dinero para fines electorales.
Esta solicitud para iniciar una negociación de beneficios no ha sido respondida hasta el momento por la FGR.
De hecho, fuentes allegadas al caso que pidieron no ser citadas dijeron que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero está a la espera de que Duarte dé el primer paso y presente las evidencias con las que dice contar, para valorarlas al igual que su petición.
Los delitos electorales que podrían ajustarse al caso tienen en promedio un plazo 5 años de prescripción y el caso que plantea a la Fiscalía refiere hechos ocurridos hace 7.
De momento, la FGR no ha enviado a agentes del Ministerio Público Federal al Reclusorio Norte para recabar el testimonio de Duarte o requerirle las pruebas que presume tener.
La hipotética inmunidad penal que obtendría Duarte, en caso de conseguirla, sólo aplicaría para el caso donde imputa al ex Presidente y no tendría ninguna incidencia en el expediente federal por el cual fue sentenciado a nueve años de prisión ni en los dos procesos del fuero común que tiene en curso.
Duarte ya había mencionado públicamente al ex Presidente Peña, pero no como beneficiario de un presunto acto de corrupción.
El pasado 9 de julio el ex Gobernador reveló en entrevista con REFORMA que Peña le regaló una suma de dinero para ayudarlo durante su estancia en prisión, lo que el veracruzano atribuyó a sus "cargos de conciencia".
Aseguró que el dinero fue entregado por un amigo en común del ex Presidente a su hermano Cecil Duarte, en una casa de la Ciudad de México.
Según su dicho, esos mismos recursos después los empleó para pagar una "extorsión" al entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, y al subprocurador Felipe Muñoz, quienes rechazaron categóricamente la acusación.
En 2012, el PRD acusó un presunto financiamiento de Duarte a la campaña del ahora ex Mandatario federal, luego de que el 27 de enero de ese año la entonces PGR aseguró en el Aeropuerto Internacional de Toluca 25 millones de pesos en efectivo a dos colaboradores del entonces Gobernador.
