Nos cuentan que al arrancar su gestión, Miguel Ángel Yunes tenía reunión con el gabinete de seguridad del gobierno de Veracruz una vez a la semana. Ahora son dos. “Al paso que va la entidad, deberá convocarlos todos los días”, nos dijo una fuente federal fidedigna.
Y es que no pasa un día sin que las páginas de los periódicos locales y nacionales publiquen notas sobre muertos y heridos.
Apenas se dieron a conocer dos balaceras en Córdoba, con resultado de cuatro muertos: dos fisicoculturistas asesinados y dos extorsionadores abatidos.
Datos de la Iglesia Evangélica de Veracruz hablan de un muerto cada 13 horas y un feminicidio diario. La situación tiene rebasado, agobiado y descontrolado a Yunes.
El Sistema Nacional de Seguridad dio a conocer datos sobre el incremento de los delitos en la entidad durante el tiempo que Miguel Ángel ha estado en el Palacio de Gobierno.
El robo con violencia subió 70.4%; robo sin violencia, 18% en el primer bimestre de su gobierno. Extorsión, 52% y homicidios culposos 34 por ciento.
Seguridad y pobreza, pues, son los problemas que deberá atender prioritariamente el gobernador coalicionista.
Pero hasta ahora, el fugado Javier Duarte y Andrés Manuel López Obrador han acaparado la atención del gobernador de Veracruz.
Policías y Fuerzas Armadas andan, sin éxito, tras el exgobernador de Veracruz. Nomás no dan con él ni con su esposa, Karime Macías, la que “merece la abundancia”.
Ya son muchos los que sospechan que a Javier lo dejaron ir. La dificultad para capturarlo pone en duda la voluntad real del gobierno federal de dar con él.
Ni policías ni gendarmes ni marinos saben dónde anda. Esa fuga no la tuvo ni El Chapo.
Por cierto que en la PGR miran con sospecha el estado de orden y limpieza en el que, en febrero pasado, se encontró la bodega en Córdoba con bienes del exgobernador y su esposa.
“Después de meses ni polvo había. Todo estaba muy arregladito”, subrayan, mordaces, las citadas fuentes.
Ya que estamos, podemos decirles que ya están muy cerca de Roberto Borge. Por lo menos eso afirman en las esferas federales. Pero del dicho al hecho…
Datos oficiales revelan que Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa están entre los estados más violentos del país.
El crimen organizado es el origen de ese fenómeno. “Quieren guerra, guerra tendrán”, dejaron dicho en un cartel los malosos a Yunes, cuando le dejaron 11 cuerpos semidesnudos, abandonados en una camioneta en el municipio de Boca del Río.
Aunque hay que aclarar que la incidencia delictiva no es la misma en todo el territorio nacional. En Puebla y Tlaxcala, por ejemplo, la prioridad es el combate al robo de hidrocarburos.
La conclusión de la visitadora de la PGR que investiga el caso de Ayotzinapa, Adriana Campos, trae a los padres de los 43 muy molestos.
Y es que la investigación señala que el controvertido exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomas Zerón sólo incurrió en responsabilidades administrativas al ocultar el video sobre su visita al famoso río Santiago, un día antes de que se encontraran los restos de los supuestos normalistas.
El basurero donde fueron ejecutados e incinerados los 43 normalistas, según la verdad histórica, está en las inmediaciones del río Santiago.
La bronca es que el primer visitador de la PGR, Alejandro Chávez Flores, quien fue removido de la investigación interna, llegó a la conclusión de que sí hay responsabilidad penal de Tomas Zerón en el ocultamiento del video.
Fuentes cercanas a la investigación nos dicen que luego de que le pidieron la renuncia, Chávez Flores entregó los resultados de su trabajo a las periodistas Carmen Aristegui y Anabel Hernández.
Esos trabajos hacen énfasis en los casos de tortura por parte de los detenidos por el caso Ayotzinapa. “Los padres sienten que se está tratando de proteger a Zerón. Ése es su principal reclamo”, nos aseguran.
El pasado 9 de marzo debió de llevarse a cabo la reunión mensual Padres-PGR. Pero se suspendió hasta el próximo 9 de abril. Los padres hicieron el jueves un plantón frente a un juzgado para protestar el resultado de la investigación de Campos.
El 17 de marzo viajan a la reunión anual de la CIDH en Washington, acompañados por integrantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos, como el Centro Pro.
El tema duele. Es tan “ojete” que la demostración de que sus hijos están muertos es la paz para los padres. En esas estamos ya, resumió la fuente.
