A casi un año del ataque que conmocionó a la región, el caso de Pinto, el perro que fue brutalmente agredido con unas tijeras de podar en la colonia Occidental de Frontera, llegó finalmente a un acuerdo reparatorio que contempla una indemnización de 40 mil pesos, recursos que serán destinados íntegramente a programas de apoyo animal.
Tuilzie Ibarra Vázquez, integrante de la asociación Lobita Dejando Huella, informó que aunque el resultado no era el ideal para quienes buscaban una sentencia más severa contra el responsable, el acuerdo representa una forma de justicia y permitirá continuar ayudando a más animales en situación vulnerable.
"Pudimos llegar a un acuerdo gracias al licenciado Jesús Miguel Arellano. A lo mejor no era lo que queríamos nosotras, porque siempre buscamos que se haga justicia y la justicia siempre la asociamos con cárcel, pero también sabemos que hay otras maneras de que se haga justicia", señaló.
Explicó que los 40 mil pesos obtenidos serán utilizados para realizar una campaña masiva de esterilización en honor a Pinto, además de adquirir medicamentos y frascos de quimioterapia para mascotas que requieren tratamiento.
La activista detalló que uno de los principales obstáculos durante el proceso judicial fue la falta de peritos veterinarios en la región. Indicó que, aunque existe una especialista certificada, los costos de los dictámenes superan los 20 mil pesos, cantidad que las asociaciones protectoras difícilmente pueden cubrir.
"Al no tener un peritaje nosotros, obviamente en lo que iba a ser nuestra audiencia final muy seguramente se nos iba a tumbar toda la defensa y todo lo que hemos tenido en este proceso", explicó.
Ibarra recordó que el agresor fue vinculado a proceso, permaneció varios meses internado en el Centro de Reinserción Social de Saltillo y posteriormente continuó bajo arresto domiciliario, medidas que consideró un precedente histórico para los casos de maltrato animal en la región.
"Es la primera vez aquí, creo yo, desde que tengo uso de razón, que se hizo justicia, que se logró que el agresor de una mascota fuera vinculado a proceso", destacó.
Sin embargo, lamentó que continúen existiendo carencias institucionales para atender denuncias de maltrato animal, particularmente por la ausencia de médicos veterinarios peritos que respalden legalmente las investigaciones.
