Hace 15 años una joven regia llegó a trabajar como bailarina a la zona de tolerancia en el municipio de Castaños, era su primer día de trabajo, una fecha que quisiera nunca haber vivido, le tocó ser una de las 14 protagonistas del nefasto suceso, militares abusaron sexualmente de estas mujeres en el lugar mejor conocido como “El Pérsico”.
Es una historia que “Brisa” ha contado decenas de veces y asegura que siempre se le va a quebrar la voz, incluso ha sido la morosidad de la sociedad la que le ha ayudado a sobrellevar lo que le pasó aquella madrugada de 11 de julio del 2006.
Brisa estaba acompañada por dos de sus compañeras en un negocio llamado Las Playitas, tenían una conversación cuando de pronto vieron que llegó una Hummer con soldados, pensaron que se trataba de alguna revisión de rutina, pero los elementos descendieron del vehículo gritando palabras altisonantes.
Recuerda que entraron al lugar donde estaban ella y sus dos compañeras, las sacaron al patio, ahí los militares les mencionaron que se presentó un reporte relacionado a la presencia de hondureñas con droga.
Les quitaron la ropa, les revisaron axilas y senos, al no obtener nada, las dejaron ahí, parecía que todo había terminado pero 30 minutos después regresaron al lugar, golpearon a unos policías municipales que ya estaban ahí, también golpearon al velador que era un hombre mayor y lo dejaron tirado.
Brisa y sus compañeras estaban asustadas, las sacaron al patio, las volvieron a desnudar amenazándolas con las armas, gritándoles, las golpearon, las pusieron contra la pared, Brisa mencionó que lo único que pasaba por su mente era que las iban a matar mientras veía a más mujeres desnudadas que asustadas corrían por el área.
Recuerda en especial a un hombre que las agredió, él era alto, de piel morena, narizón, feo, así lo recuerda Brisa, un rostro que se quedó grabado para siempre en su mente.
Antes de haber hecho esto con Brisa y sus compañeras, los elementos ya habían cometido este acto con 11 mujeres más en el pérsico, otro de los establecimientos ubicados en la Zona de Tolerancia.
Los elementos no eran de Coahuila, en ese año (2006), hubo un proceso político donde elegirían al nuevo presidente de México, por lo que los soldados estaban ahí para custodiar las urnas con las boletas electorales.
Pero esa noche, uno de los soldados fue a la zona de tolerancia, vestía como civil y estuvo bebiendo, de pronto se le vio involucrado en un conflicto, motivo por el que los policías municipales lo detuvieron en las celdas.
Al estar preso, el elemento pidió la atención, lo dejaron en libertad, después comentó lo sucedido a su superior, fue entonces que entre 8 y 10 soldados acudieron a la zona de tolerancia en dos vehículos, para amenazar a las personas que estaban ahí, bailarinas, sexoservidoras y camareras.
Todo se salió de control, fueron en total 14 mujeres abusadas sexualmente, pero no todas se atrevieron a denunciar por temor.
Hubo 8 elementos detenidos, solo se logró sentencia condenatoria para 4 de ellos, Omar Alejandro Rangel Fuentes, agredió sexualmente a cinco de las 14 trabajadoras fue condenado a 41 años y cuatro meses en prisión.
Juan José Gaytán Santiago, acusado inicialmente por seis mujeres, una de las cuales se retractó, fue condenado a 21 años de prisión, lloró al escuchar el fallo. Fernando Adrián Madrid Guardiola, quien violó a dos mujeres, recibió una pena de 31 años y ocho meses de prisión.
Además Ángel Antonio Hernández Niño, fue acusado de violación a una de las mujeres de Castaños, fue condenado por lesiones a policías a tres años nueve meses de prisión. Misma que podría librar con el pago de una multa por 20 mil 843 pesos.
Los militares absueltos fueron Norberto Francisco González, quien violó a una sola de las mujeres, misma que se retractó ocho meses después de los hechos, se le acreditó el delito de lesiones y el pago de 482.10 pesos.
Rosendo García Jiménez también obtuvo su libertad por el fuero común, luego de que la parte acusadora se retractara de sus dichos.
Los otros dos liberados fueron Casimiro Ortega Hernández, absuelto por el delito de violación, no así por el delito de lesiones a policías, por lo cual tendrá que pagar 482.10 pesos, y Norberto González Estrada, liberado y quién pagará la misma multa por “lesiones leves a preventivos”.
Pero estos resultados fueron apelados, algunos de ellos están prófugos pero las violaciones no transcriben en cualquier momento pueden ser detenidos, a los prófugos se les ha rastreado pero desde entonces no aparecen activos en algún empleo, lo más seguro es que estén fuera del país.
TESTIMONIO
Su nombre real es otro, pero por motivos de seguridad siempre se le llamó “Brisa”, tenía 28 años cuando todo ocurrió y quiso dar su testimonio, no por recordar sino por dar a conocer que ha pasado con su vida y con esto lograr que más mujeres que viven violencia denuncien y sepan que en Coahuila si hay justicia.
Cuando todo ocurrió Brisa tenía 28 años y dos hijos, a raíz de esto, decidió a darle un giro a su vida, trabajó mucho y salió adelante.
Las víctimas han estado en terapia, se les buscó una fuente de empleo, tienen maridos, hijos, una familia, algunas trabajan en Estados Unidos, se convirtieron en supervisoras, dominan ingles al 100% incluso tienen a su cargo varias empresas, otras son gerentes en diferentes empresas.
“Nunca se supera, siempre se recuerda como si hubiera sido ayer, fui violentada, el trauma de que te tengan con rifle amenazándote de muerte, siendo golpeada junto a mis compañeras pero he aprendido a vivir”, comentó.
Dijo que gracias a Dios y a su familia ha podido sobrellevar su vida, al principio la señalaban como la prostituta aunque ella era bailarina, dijo que actualmente se ha hecho justicia, pero “El papá de los pollitos sigue libre” es decir quien estaba a cargo de esos elementos, espera que pronto lo atrapen.
Ella dice que no es Dios para perdonar a sus agresores, ha intentado sacar ese sentimiento, pero el resentimiento sigue vivo, no se olvida. Los primeros meses estaba muy asustada, veía soldado en la calle y eso le incomodaba, tenía pesadillas, dijo que sigue en contacto con sus amigas incluso trabaja con una de ellas.
“Eso no se olvida, pero tratas de vivir la vida normalmente, por eso estoy aquí así con gorra y lentes, porque tiene una vida”.
Invitó a las mujeres violentadas a que no se queden calladas, porque el que agrede a una agrede a muchas y es una cadenita que pareciera no va a terminar.
Sandra de Luna, asesora legal de las víctimas, activista y luchadora contra la violencia a la mujer, reconoció la valentía y fortaleza de ellas, dijo que en un principio la sociedad hablaba de “Las prostitutas de Castaños” pero al finalizar el proceso en octubre del 2007 se logró que la sociedad empezara a visibilizar que las trabajadoras sexuales vienen de una violencia de género que se ejerce, entonces se les reconoció como las mujeres de Castaños.
Para tener estas sentencias se sacó del Estado de Coahuila, se contó con el apoyo de organizaciones y movimientos feministas, se exigió que el Instituto Nacional de las Mujeres hiciera su trabajo, se logró que el gobernador Humberto Moreira apoyara a mujeres de Coahuila, se exigió a la Secretaría de la Defensa Militar que entregara a los participantes en este delito. Se ha logrado que a través de la Sedena se estableciera como curricula la perspectiva de género y se hicieron cambios al Código Militar para que los delitos que se cometan en civiles no sean sancionados por corte militar sino por el fuero común.
El caso fue un parteaguas
Sandra de Luna fue la asesora de las mujeres abusadas sexualmente en Castaños hace 15 años, dijo que el caso fue un parteaguas para muchos cambios que se hicieron, pero la lucha sigue pues actualmente la pandemia ha sacado a flote lo que siempre ha existido en los hogares, esto luego de mencionar que ha incrementado en un 60% la violencia a la mujer en la Región Centro.
Mencionó que cuando ocurrió lo de la zona de tolerancia, se logró que las víctimas tuvieran garantizado el acceso a la justicia, que se hablara del tema como mujeres que son y no como se hacía cuando se referían a “Las prostitutas de Castaños”.
La falta de oportunidades las llevó a estar en este lugar y no se les debe juzgar ni a ellas ni nadie para eso existen organizaciones que creen en la verdad que puedan manifestar.
Mencionó que cada vez es más difícil seguir en la lucha, pues actualmente el Centro de Orientación y Protección a Víctimas (Coprovvi) tienen que participar en convocatoria pública, existe un comité de 20 personas que analizan el proyecto, no existen recursos etiquetados para refugios.
Explicó que año tras año exigen a la cámara de senadores y diputados para que las volteen a ver, es necesario que se asigne un presupuesto, aun así la lucha se mantiene año tras año para que no desaparezcan los refugios para mujeres maltratadas.
En todo el país, hay 72 refugios, la mitad son de gobierno y la mitad de sociedad civil, en la Región Centro existe solo un refugio que actualmente atiende a un total de 28 personas entre mujeres y sus niños y niñas.
“Se lograron muchas cosas con el caos de Castaños, una fue que Sedena estableciera perspectiva de género, así como que fuera obligación que se capacite en atención a violencia y derechos humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres hizo cambios y que la ley de acceso a mujeres a una vida libre de violencia se estableciera”, comentó.
Con esto también se logró que fuera obligación para estados establecer presupuestos par apolíticas públicas de prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres.
A NIVEL ESTADO INCREMENTA LA VIOLENCIA A LA MUJER
Dijo que pandemia ha sacado a flote lo que siempre ha existido, las mujeres están en aislamiento no tienen recursos de salir de sus hogares a pedir ayuda.
Se tiene un 60% de casos más de los que se atendían a nivel nacional, pero también los casos de feminicidio se han incrementa en el país, tan solo en la Región son cerca de 200 a 250 mujeres violentadas solo las registradas en a Coprovi.
Comentó que se necesita de una base de datos para que se manejen datos reales, porque todos tienen diferentes cifras, no se concentra la información para decir cuántas mujeres viven violencia, están las mujeres del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, las que tiene la Fiscalía General del Estado en la Región Centro y las que tiene Coprovi.
El hecho de que no se sancione ha provocado desconfianza de las mujeres solo un 17% quiere denuncias porque no cree en instituciones públicas. Hay casos de mujeres que además de sufrir violencia, defienden a su agresor, a esto se le conoce como el Síndrome de Indefensión Aprendida, un síndrome de mujer maltratada donde ya no tienen reacción a la violencia, se agrega que no existe política pública de empleo, de guarderías prefieren quedarse con el agresor que aporta 200 pesos como parte de ese ciclo de la violencia.
