Saltillo, Coahuila. – En tiempos donde la información circula a gran velocidad, exhibir públicamente a una persona en redes sociales o medios impresos por su vida íntima —especialmente cuando se trata de una mujer acusada de supuesta infidelidad— no solo es un acto de violencia simbólica y mediática, sino también puede constituir un delito conforme a la legislación vigente en el estado de Coahuila.
De acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, difundir, publicar o exhibir imágenes, datos personales o contenido que dañe la dignidad, reputación o integridad de una mujer, sin su consentimiento, puede ser tipificado como violencia digital y mediática, con sanciones que van desde multas administrativas hasta responsabilidades penales.
Difamación y daño moral
Desde el punto de vista civil, acusar públicamente a una mujer de infiel —sin pruebas legales ni resolución judicial— puede constituir difamación, incluso si se hace de manera indirecta. El artículo 1916 del Código Civil Federal reconoce el daño moral como todo acto que cause afectación emocional o reputacional, y prevé que la persona afectada puede solicitar una reparación económica y una disculpa pública a través de los medios donde se realizó la difusión.
Ciberacoso y violencia digital
Por su parte, la Ley para Prevenir y Combatir el Acoso Escolar y el Ciberacoso en el Estado de Coahuila establece claramente que la publicación o difusión de contenido íntimo o rumores a través de redes sociales o medios digitales que expongan la vida personal de alguien con el fin de humillarla o desacreditarla, constituye ciberacoso. Si la víctima es mujer, estos actos también se consideran como violencia de género.
En este sentido, exhibir la identidad y fotografía de una mujer bajo acusaciones de carácter personal —como la infidelidad— no solo transgrede su derecho a la privacidad, sino que puede derivar en sanciones penales, particularmente si se acredita que la publicación tenía la intención de denigrar o vengarse, una conducta cada vez más visibilizada bajo el término de "violencia mediática con perspectiva de género."
Los especialistas en derecho coinciden que la persona que entrega el contenido y quienes comparten pueden ser responsables. Si bien la libertad de expresión es un derecho constitucional, tiene límites cuando se vulneran derechos humanos, como la dignidad y la intimidad de las personas.
Llamado a la ética y la legalidad
Organizaciones civiles y colectivas feministas han llamado a actuar con responsabilidad y perspectiva de género. En palabras de la abogada especializada en derechos digitales, Laura Moncada, "publicar fotografías o acusaciones sin pruebas, especialmente en casos de mujeres, perpetúa estigmas machistas y revictimiza. Ya no es solo poco ético, es ilegal."
La recomendación para la ciudadanía es clara: no compartir, no publicar y no difundir contenido que exponga la vida privada de las personas sin su consentimiento, especialmente cuando hay intenciones de juicio social o linchamiento moral.
La dignidad no se debate, se respeta. Y en Coahuila, ya se protege por ley.
