SALTILLO, COAH.- Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente Magistrado del Poder Judicial en Coahuila, expresó su profunda preocupación respecto a los efectos de la reforma judicial aprobada recientemente por mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores.
Según Mery Ayup, esta modificación al sistema podría llevar a una crisis financiera en el Poder Judicial coahuilense debido a la jubilación anticipada de numerosos magistrados y jueces, así como la posible afectación de la independencia judicial.
"Actualmente, tengo más de 20 jueces y magistrados solicitando su jubilación anticipada. Esto no estaba contemplado en el esquema de pensiones del estado, ya que no se preveía una ola de retiros voluntarios antes de los 35 años de servicio, aunque tienen derecho a hacerlo", explicó Mery Ayup.
Añadió que, debido a esta situación, aún no se puede precisar cuánto se necesitará en recursos para cubrir las jubilaciones, pero aseguró que representará "un serio problema financiero" para el estado.
La reforma judicial, además de traer consigo problemas financieros, introduce nuevos desafíos a nivel estructural y democrático, indicó Mery Ayup; uno de los aspectos más controversiales es la propuesta de elegir a jueces y magistrados a través del voto popular.
Para el Magistrado, esta idea es "un cambio sin precedentes en la historia del país" y representa un retroceso en el sistema judicial mexicano: "La elección directa de jueces y magistrados expone al sistema a una mayor vulnerabilidad y, potencialmente, a la pérdida de independencia de sus miembros", sostuvo.
En su opinión, esta medida resulta impráctica y podría complicar el panorama electoral, pues la ciudadanía tendría que elegir a un gran número de jueces y magistrados en una misma elección.
"¿Cómo conocerán los ciudadanos las propuestas de más de 126 magistrados y jueces estatales, más 58 federales, en una sola votación? No sabemos cuántas boletas habrá ni cómo se elaborarán", señaló.
Mery Ayup consideró que la reforma fue implementada de manera acelerada y sin un análisis profundo de sus efectos, criticando que parezca "más una revancha política que una estrategia en favor del sistema de justicia".
Finalmente, enfatizó que el impacto de estas decisiones podría quedar en manos de la opinión pública, pues "será el pueblo de México quien, en última instancia, evaluará estas reformas y sus implicaciones en el sistema judicial que les sirve".
