BOGOTÁ (1 de agosto de 2025) — El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó el país entre 2002 y 2010, fue condenado hoy a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un caso de manipulación de testigos que se prolongó por más de una década. La jueza Sandra Liliana Heredia dictó la pena de cumplimiento inmediato, junto con una multa de aproximadamente 578 000 dólares y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
Es la primera condena penal contra un expresidente colombiano y supone un hito judicial en la historia moderna del país. El proceso judicial se remonta a acusaciones presentadas en 2012 contra el senador Iván Cepeda, quien recopiló testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe con grupos de ultraderecha en Antioquia. Sin embargo, la Suprema Corte determinó que fue Uribe y su entorno quienes presionaron a testigos para revertir esas acusaciones
Durante la lectura de la sentencia, Uribe, de 73 años, mantuvo su inocencia y anunció que apelará la decisión. Denunció un supuesto lawfare político, responsabilizando a la justicia penal de perseguirlo por motivos ideológicos, y acusó a la jueza Heredia de parcialidad. Afirmó que su abogado actuó sin su control y criticó que se aceptaran testimonios de testigos con antecedentes penales.
La condena ocurre con menos de un año de anticipación a las elecciones presidenciales de 2026, en las que su partido, el Centro Democrático, y aliados políticos juegan un rol clave. La decisión podría afectar alianzas estratégicas con Estados Unidos; el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, calificó el fallo como una "militarización del poder judicial". La fiscalía había inicialmente solicitado una pena de nueve años, pero el fallo escaló hasta los doce.
Este veredicto revive además las tensiones en torno a su legado: Uribe implementó la política de seguridad democrática, que redujo el secuestro y la violencia, pero también estuvo marcado por denuncias de falsos positivos, masacres con civiles presentados como guerrilleros para inflar estadísticas de homicidios.
La sentencia incluye prisión domiciliaria inmediata en su residencia en Rionegro (Antioquia). Durante la audiencia, Uribe y la jueza tuvieron un fuerte cruce verbal, en el que el expresidente defendió enérgicamente a su familia ante alusiones judiciales a publicaciones realizadas por sus hijos en redes sociales
