El expresidente Donald Trump anunció un aumento drástico en los aranceles Canadá 2025, elevándolos al 35 % a partir del 1 de agosto de 2025, según confirmó la Casa Blanca. La medida se aplicará a productos canadienses no cubiertos por el tratado USMCA y se suma a los gravámenes sectoriales existentes, como el 50 % al acero, aluminio y cobre.
Trump justificó esta escalada ante una carta al primer ministro canadiense Mark Carney, publicada en su plataforma Truth Social, acusando a Canadá de represalias comerciales y de no impedir el flujo de fentanilo al territorio estadounidense. Además, advirtió que cualquier nuevo arancel canadiense sería sumado al 35 % base.
Este incremento forma parte de una estrategia más amplia que contempla tarifas para 69 países, con tasas que varían entre 10 % y 41 %, y encarece importaciones como medicamentos, electrónica y automóviles. Para EE. UU., el arancel promedio efectivo se elevaría a cerca del 18 %.
El impacto en los mercados fue inmediato: los futuros del Dow, Nasdaq y S&P 500 cayeron entre 0.5 % y 1 % al conocerse la noticia, en un contexto global ya tensionado por debilitamiento del empleo en EE. UU. y temores inflacionarios.
En Canadá, las reacciones son encontradas. Se reporta que el equipo negociador de Ottawa podría retirarse de las conversaciones con EU ante la imposición unilateral de tarifas, según el miembro del Consejo Canadá-EE. UU. Flavio Volpe. Mientras tanto, el gobierno de Mark Carney evita pronunciarse sobre represalias concretas, enfocándose en defender los intereses nacionales y mantener abiertas las negociaciones comerciales.
Esta medida añade fricción en un paisaje diplomático y comercial ya marcado por tensiones: la elevación del arancel canadiense coincide con planes para imponer tarifas de hasta 39 % a Europa, 50 % a Brasil, y más de 20 % a países asiáticos, como parte de un diseño global de protección comercial.
Expertos advierten que estos gravámenes podrían lastrar el crecimiento global y aumentar los precios al consumidor en EE. UU., ya que importadores trasladarían el costo a los compradores finales. Además, varios analistas han cuestionado la legalidad del uso de poderes de emergencia para implementar estas medidas, que ya están siendo revisadas en tribunales federales
