WASHINGTON — Un tribunal federal de apelaciones determinó este viernes que la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump carecen de base legal, al haber excedido su autoridad ejecutiva conforme a la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA). No obstante, la medida se mantiene en vigor mientras el gobierno federal prepara su apelación ante la Corte Suprema.
En una decisión dividida de 7-4, la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal coincidió con un fallo anterior del Tribunal de Comercio Internacional, que, en mayo, ya consideró ilegales dichos aranceles al no estar autorizados por el Congreso.
El tribunal determinó que la IEEPA, promulgada en 1977, permite al presidente responder a emergencias, pero no confiere explícitamente facultades para imponer aranceles o gravámenes aduaneros. "La ley otorga al presidente autoridad en emergencias, pero ninguna incluye la facultad de gravar impuestos", señalaron los magistrados.
A pesar del fallo, se decidió mantener los aranceles hasta el 14 de octubre, otorgando tiempo para que la administración Trump interponga una apelación ante el tribunal de mayor jerarquía.
En su respuesta pública, Trump calificó la resolución como elaborada por un tribunal "altamente partidista" y confirmó que los aranceles "siguen vigentes", defendiendo su uso como herramienta esencial para proteger la seguridad nacional y el empleo estadounidense.
Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai ratificó que Trump actuó conforme a la ley y confió en una futura victoria ante la Corte Suprema.
Analistas constitucionales destacan que esta decisión marca un replanteamiento de los límites del poder presidencial, poniendo énfasis en que el Congreso debe tener un rol central en la regulación de aranceles.
Quedan fuera del alcance de este fallo aquellos gravámenes implementados bajo otras normativas, como los aplicados a acero, aluminio o vehículos, que aún se consideran legítimos.
El caso representa uno de los mayores reveses legales al enfoque de política comercial de Trump desde su regreso al poder. La nueva decisión judicial genera un clima de incertidumbre que podría afectar negociaciones internacionales, inversiones y la recaudación federal, dado que los ingresos arancelarios sostenían parte del financiamiento de sus recortes fiscales
