El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta la primera denuncia penal en su contra apenas dos meses después de asumir el cargo. Cuatro dirigentes políticos han presentado una acusación formal en la que lo acusan de "asociación ilícita", "estafas" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", luego de que el mandatario promocionara la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales, una acción que presuntamente facilitó un fraude millonario que afectó a más de 40 mil personas.
El caso ha generado un terremoto político y económico en el país sudamericano. Los denunciantes aseguran que Milei fue "partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas", involucrando además a varias figuras de su círculo cercano, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y dos militantes libertarios. También han sido señalados empresarios como Julián Peh, CEO de Kip Protocol, empresa responsable del desarrollo de la criptomoneda, y Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures, compañía que brindó la infraestructura tecnológica para $LIBRA.
El detonante de la denuncia fue un tuit publicado por el presidente Milei en el que promocionaba la criptomoneda como un "emprendimiento privado" y una oportunidad de inversión. Su respaldo impulsó la demanda de $LIBRA, haciendo que su valor se disparara en cuestión de horas. Sin embargo, en poco tiempo, la moneda digital colapsó, causando pérdidas de más de 4 mil millones de dólares en capitalización de mercado. Tras el escándalo, Milei eliminó la publicación y aseguró que no tenía ninguna relación con el proyecto ni conocimiento de sus detalles, pero para entonces, los inversionistas iniciales ya habían retirado millones de dólares en ganancias.
Un informe financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter reveló que la criptomoneda fue diseñada sin un respaldo económico real y que su crecimiento se basó exclusivamente en la especulación impulsada por el entusiasmo en redes sociales. Según el informe, en apenas cinco horas, los inversores que participaron en la etapa inicial retiraron alrededor de 87.4 millones de dólares, justo antes de que el colapso eliminara más de 4 mil 400 millones de capitalización de mercado.
Para los denunciantes, esto no fue una simple coincidencia. Aseguran que existió una "coordinación" entre el lanzamiento de la criptomoneda y el tuit del presidente Milei, sugiriendo que el mandatario y sus allegados sabían de antemano que su promoción generaría un aumento artificial en el valor de $LIBRA, permitiendo que los primeros inversores retiraran sus fondos con ganancias millonarias antes de que el resto de los inversionistas sufriera pérdidas devastadoras.
El documento judicial presentado ante la Justicia argentina pide medidas cautelares urgentes, incluyendo requisas en la Quinta de Olivos, residencia oficial del presidente, y en la Casa Rosada, sede del gobierno, para confiscar equipos electrónicos que puedan contener evidencia. También se ha solicitado la identificación y requisa de los domicilios de los empresarios y políticos implicados, así como el bloqueo de sus billeteras virtuales y cuentas bancarias para evitar el movimiento de fondos derivados de la presunta estafa.
Asimismo, los denunciantes han pedido la intervención y peritaje de la plataforma X (antes Twitter) para conservar el contenido de la cuenta de Milei y de los otros acusados, argumentando que es clave para rastrear las interacciones y el posible nivel de conocimiento que tenían sobre la operación de $LIBRA antes de su lanzamiento. También han exigido la implementación de medidas de trazabilidad en las transacciones de la criptomoneda para identificar a los beneficiarios de las enormes sumas de dinero generadas en el proceso.
El escándalo pone en jaque la credibilidad del presidente Milei, quien llegó al poder con un discurso de transparencia, anticorrupción y desregulación económica. Su fuerte respaldo al uso de criptomonedas y su rechazo a la intervención estatal han sido pilares de su ideología política. Sin embargo, este caso podría evidenciar los riesgos de una falta de regulación en el sector y la posibilidad de que las criptodivisas sean utilizadas como herramientas para fraudes a gran escala.
El uso de la imagen de líderes políticos para impulsar inversiones dudosas no es un fenómeno nuevo. En 2021, en Estados Unidos, celebridades como Kim Kardashian y el boxeador Floyd Mayweather fueron demandados por promocionar la criptomoneda EthereumMax, cuyo valor se desplomó poco después, dejando a miles de inversionistas con pérdidas millonarias. En ese caso, los tribunales determinaron que las figuras públicas que promocionan activos financieros pueden ser responsables por engañar al público, especialmente si no revelan su relación con los proyectos que impulsan.
En el caso de Milei, la situación es aún más grave debido a su posición como jefe de Estado. A diferencia de una celebridad o influencer, el respaldo de un presidente a un activo financiero tiene un impacto aún mayor, ya que genera confianza en el mercado y puede influir en decisiones económicas de miles de personas. La pregunta clave en la investigación será si Milei y su círculo cercano actuaron con conocimiento previo del esquema fraudulento o si simplemente fueron utilizados como herramientas de promoción sin entender el verdadero propósito detrás de $LIBRA.
La denuncia también plantea interrogantes sobre el futuro de la regulación de criptomonedas en Argentina. Hasta ahora, el país no cuenta con un marco legal claro para este tipo de activos, lo que ha permitido la proliferación de proyectos sin garantías de transparencia ni mecanismos de protección para los inversionistas. Aunque Milei ha abogado por una economía sin regulaciones excesivas, este caso podría generar presión para que el gobierno y el Congreso establezcan reglas más estrictas en torno al uso y promoción de criptomonedas.
Mientras tanto, la reacción política no se ha hecho esperar. Desde la oposición, varios legisladores han exigido que el presidente dé explicaciones públicas sobre su participación en la promoción de $LIBRA y han solicitado que el Congreso investigue el caso. Algunos incluso han sugerido que, de comprobarse su implicación en la presunta estafa, Milei podría enfrentar un juicio político.
Por su parte, el gobierno ha desestimado las acusaciones, calificándolas como un intento de la oposición para desestabilizar la administración de Milei. En un comunicado, el vocero presidencial argumentó que el mandatario solo compartió información sobre un proyecto privado sin intención de influir en los mercados y que no existe ninguna prueba de que haya obtenido beneficios personales de la operación. Sin embargo, las investigaciones judiciales determinarán si hubo o no una coordinación entre el gobierno y los creadores de $LIBRA para manipular el mercado en su favor.
