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El Salvador inicia juicio masivo contra líderes de la Mara Salvatrucha

Casi 500 acusados, incluidos cabecillas y fundadores, enfrentan cargos por miles de delitos vinculados a la MS-13.

Por Redaccion La Voz - 21 abril, 2026 - 01:55 p.m.
El Salvador inicia juicio masivo contra líderes de la Mara Salvatrucha
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      La justicia de El Salvador dio inicio a un proceso judicial sin precedentes contra cientos de presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, incluidos miembros de su cúpula, cabecillas territoriales y fundadores.

      De acuerdo con información de la Fiscalía General y autoridades judiciales, el número de imputados oscila entre 486 y 492 personas, quienes enfrentan acusaciones por miles de delitos cometidos durante una década. Entre los procesados figuran integrantes de la llamada "ranfla", considerada la máxima jerarquía dentro de la organización criminal.

      Las autoridades atribuyen a este grupo aproximadamente 47 mil delitos cometidos entre 2012 y 2022. Asimismo, se les vincula con la orden de asesinar a 87 personas durante un fin de semana en marzo de 2022, hecho que marcó un punto clave en la estrategia de seguridad del gobierno.

      Acciones de la autoridad

      Tras esos acontecimientos, el presidente Nayib Bukele impulsó una ofensiva contra las pandillas mediante un régimen de excepción, bajo el cual se han realizado más de 91 mil detenciones.

      La Fiscalía aseguró contar con pruebas suficientes para solicitar las penas máximas contra los acusados, en el marco de reformas legales recientes que contemplan castigos más severos para delitos graves.

      Detalles confirmados

      La Mara Salvatrucha, junto con el Barrio 18, ha sido catalogada como organización terrorista por Estados Unidos y El Salvador, y llegó a controlar gran parte del territorio nacional, según el gobierno.

      Si bien la estrategia de seguridad ha elevado la popularidad del mandatario, organizaciones civiles han denunciado presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo muertes bajo custodia, tortura y detenciones arbitrarias durante la aplicación del estado de excepción.

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