El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió el lunes 14 de julio una decisión en su «shadow docket», permitiendo a la administración de Donald Trump continuar con el recorte de 1 400 empleados en el Departamento de Educación. Así quedó sin efecto la orden de un juez federal que obligaba a recontratar al personal despedido, lo que despeja el camino para que el plan de desmantelamiento avance mientras sigue activo el litigio en tribunales inferiores.
Con una mayoría conservadora de 6-3, el Supremo rechazó la medida cautelar, mientras las juezas liberales —Sotomayor, Kagan y Jackson— expresaron su disenso, alertando que la decisión podría comprometer el equilibrio de poderes y dañar seriamente la educación pública. El fallo no incluyó una explicación detallada, como es usual en el «shadow docket».
El presidente Trump aplaudió la resolución presentándola como una "gran victoria para los padres y estudiantes", ya que, según él, devolver la función educativa a los estados y reducir la "burocracia federal" mejorará el sistema educativo. La secretaria Linda McMahon inició inmediatamente el recorte de personal, y planea trasladar funciones clave —como préstamos estudiantiles y servicios educativos especiales— a las agencias de HHS y Small Business Administration, aunque la disolución total del departamento requeriría aprobación del Congreso.
Los críticos, incluidos 21 fiscales generales demócratas, sindicatos y distritos escolares, advirtieron que este recorte amenaza el acceso a programas de ayuda como Title I, los servicios del Office for Civil Rights y el manejo de préstamos estudiantiles, además de poner en riesgo los derechos civiles de estudiantes con discapacidad o minorías. Organizaciones como Voto Latino alertaron que millones de alumnos latinos podrían perder respaldo esencial sin personal federal suficiente para supervisar y apoyar programas educativos.
Este fallo no cierra el proceso legal: la administración mantiene demandas en tribunales inferiores, y se espera que el caso avance en apelaciones. El rechazo de las juezas liberales sugiere que la disputa sobre separación de poderes y el alcance del control ejecutivo continuará en instancias judiciales.
