Julio César Almanza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, fue asesinado en Matamoros en un ataque armado. El incidente ocurrió cuando Almanza llegaba en su camioneta Grand Cherokee blanca a las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la calle España y 14, colonia Buenavista. Según algunos reportes, el atentado se produjo cuando Almanza salía de las instalaciones, aunque los detalles aún no están claros.
El ataque fue llevado a cabo por individuos en dos motocicletas. Medios locales informan que Almanza estaba acompañado por su hermana, Silvia Almanza, cuando los agresores se acercaron a su vehículo y abrieron fuego. El tiroteo ocurrió alrededor de las 14:15 horas y, a las 18:00 horas, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la muerte del empresario. "Confirmamos y lamentamos profundamente el fallecimiento de Julio Almanza Armas, tras recibir impactos de arma de fuego frente a las oficinas de la CANACO de Matamoros en la colonia Buenavista de esa ciudad", declaró la Vocería, destacando que las autoridades continúan investigando para encontrar a los responsables del homicidio.
En los días previos a su asesinato, Almanza había denunciado extorsiones a comercios y el cierre de tiendas Oxxo en Nuevo Laredo. La cadena Oxxo había anunciado el cierre progresivo de 191 de sus sucursales en Nuevo Laredo debido a la falta de condiciones de seguridad para operar. Este anuncio fue comunicado internamente a los colaboradores de la empresa para salvaguardar su integridad. "Todos nuestros colaboradores se encuentran bien. Estamos en comunicación con las autoridades para reiniciar operaciones lo antes posible, siempre garantizando su seguridad. Nuestras operaciones permanecerán suspendidas hasta poder garantizar las condiciones necesarias de seguridad", explicaba el comunicado interno.
El cierre de las tiendas comenzó el pasado 25 de julio. Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de Fomento Económico Mexicano (Femsa), explicó que la decisión se debió a las condiciones impuestas por grupos criminales, como la compra de gasolina a distribuidores específicos, la imposición de horarios de servicio y cambios en los precios.
Campa también reveló al periódico La Jornada que dos de sus colaboradores habían sido retenidos para obtener información para distintos fines, y señaló que otras empresas enfrentan situaciones similares, aunque no han hecho públicas sus denuncias.
