El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, provocó una fuerte ola de indignación y reacciones políticas en todo el país. El hecho, presuntamente vinculado al crimen organizado, generó manifestaciones que incluso llegaron hasta el Palacio de Gobierno de Michoacán, donde un grupo de inconformes ingresó al inmueble, lo vandalizó y colocó pancartas exigiendo la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Ante la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso, aunque con un tono crítico hacia quienes, según dijo, han utilizado el crimen con fines políticos. "¿Qué propone la derecha?, ¿la guerra contra el narco?", cuestionó, al tiempo que descalificó a varios opositores, periodistas y analistas que, a su juicio, reaccionaron "como buitres" ante el asesinato. "En ningún momento escuché una condolencia a la familia", señaló.
El edil, apodado el "Bukele Mexicano", se había pronunciado en diversas ocasiones por una estrategia de mano dura contra los cárteles y había autorizado a la policía local el uso letal ante cualquier provocación. En repetidas ocasiones denunció amenazas y solicitó apoyo de los gobiernos federal y estatal, sin que las medidas fueran suficientes. Su asesinato, ocurrido la noche del 1 de noviembre, evidenció nuevamente la compleja situación de violencia e inseguridad que enfrenta Michoacán.
Durante el funeral del alcalde, el intento del gobernador de participar en los homenajes fue mal recibido por los asistentes, reflejando el clima de tensión que persiste tras el crimen.
