CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inició su conferencia matutina de este jueves con un posicionamiento firme respecto a las recientes acciones judiciales de Estados Unidos. La mandataria abordó la orden de extradición emitida por las autoridades estadounidenses en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales, advirtiendo que, sin evidencias sólidas, el proceso podría estar motivado por intereses ajenos a la justicia.
"Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político", declaró Sheinbaum ante los medios de comunicación. Con esta afirmación, la titular del Ejecutivo Federal puso en duda la legitimidad de los señalamientos que provienen del país vecino, subrayando la necesidad de que cualquier acusación de tal magnitud esté respaldada por un sustento jurídico irrefutable.
Acciones de la autoridad
La presidenta detalló el procedimiento que el Gobierno de México ha puesto en marcha tras recibir las notificaciones internacionales. Informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya se encuentra trabajando de manera coordinada con la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales para revisar meticulosamente cada uno de los expedientes enviados por Estados Unidos.
Según la mandataria, este análisis técnico es un paso indispensable antes de que el Estado mexicano tome cualquier decisión operativa. La labor de la FGR consistirá en determinar si los elementos probatorios entregados por las autoridades extranjeras son suficientes para dar viabilidad a la solicitud de extradición. Sheinbaum enfatizó que el proceso se llevará a cabo de forma independiente para corroborar la existencia de delitos reales en suelo mexicano o bajo jurisdicción nacional.
"Es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud", explicó la presidenta durante su intervención.
Investigación sobre el fundamento legal
La mandataria fue enfática al señalar que la FGR no se limitará a recibir la información, sino que iniciará su propia indagatoria. Este proceso busca conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal requerido para solicitar, de manera formal, órdenes de aprehensión dentro del marco jurídico de México.
La situación del gobernador Rubén Rocha Moya y los otros nueve funcionarios señalados se mantiene bajo análisis estricto. La postura de la administración de Sheinbaum sugiere una defensa de la soberanía procesal, insistiendo en que no se puede proceder sin una verificación previa de la veracidad y la contundencia de las pruebas que vinculen a los implicados con actividades ilícitas.
Este episodio marca un momento crítico en la agenda nacional, ya que involucra no solo a un mandatario estatal en funciones, sino también la cooperación judicial entre México y Estados Unidos en un contexto donde la transparencia y el rigor legal son exigidos por el Ejecutivo.
