En medio de tensiones políticas y tras un revés en el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió ajustar su estrategia electoral con un llamado "Plan B". Sin embargo, la nueva propuesta ha encendido el debate por una razón clave: los partidos políticos quedaron fuera de los recortes presupuestales.
Un giro obligado tras la derrota
La iniciativa original buscaba cambios profundos, como reducir el financiamiento a partidos y modificar el sistema político. Pero al no alcanzar la mayoría necesaria en el Congreso, el gobierno optó por una versión más limitada.
Este "Plan B" será enviado al Senado y se enfoca en algo más alcanzable: reducir gastos en distintos niveles del aparato público, sin tocar directamente el dinero que reciben los partidos.
¿Dónde sí habrá recortes?
La propuesta apunta a una política de austeridad en varias áreas clave:
- Congresos estatales: tendrán un límite de gasto (hasta 0.7% del presupuesto estatal).
- Municipios: se reducirá el número de regidores (máximo 15).
- Órganos electorales: funcionarios no podrán ganar más que la presidenta y perderán bonos y privilegios.
- Senado: se plantea una reducción gradual del gasto.
Además, se incluyen medidas para mejorar la fiscalización del dinero en campañas y evitar recursos ilícitos.
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Los partidos, intactos
El punto más polémico es que no habrá recortes al financiamiento de los partidos políticos, algo que sí estaba en la propuesta original.
Esto ha generado críticas, ya que uno de los principales discursos del gobierno era precisamente reducir el costo de la política en todos los niveles.
Política antes que reforma
Detrás de este cambio hay una razón política: los aliados del gobierno (como el Partido Verde y el PT) no respaldaron recortes que pudieran afectar su financiamiento, lo que obligó a negociar una versión más "suave" de la reforma.
En otras palabras, el Plan B refleja un equilibrio entre la intención de austeridad y la necesidad de mantener alianzas.
¿Qué sigue?
Aunque es una versión más moderada, el gobierno insiste en que este plan mantiene el objetivo de reducir privilegios y hacer más eficiente el gasto público.
