Ciudad de México.— El gobierno de México presentó una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán López, luego de que este acusara públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de actuar como un "brazo de relaciones públicas" del narcotráfico mexicano durante un proceso judicial en Chicago.
Las declaraciones de Lichtman, vertidas en una audiencia en Estados Unidos la semana pasada, generaron una fuerte respuesta de la administración federal, que calificó las acusaciones como "graves, falsas y difamatorias". La presidenta Sheinbaum instruyó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, encabezada por Ernestina Godoy, a interponer la denuncia legal correspondiente.
"En este gobierno no se permite que se manche la investidura presidencial con declaraciones sin pruebas", expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina. "No se puede dejar pasar este tipo de afirmaciones que buscan desprestigiar a las instituciones mexicanas".
La demanda por difamación fue presentada bajo el argumento de daño moral y falsedad, debido a que Lichtman no ofreció evidencia concreta que respalde sus señalamientos. El gobierno mexicano considera que sus dichos podrían tener implicaciones diplomáticas y afectar la imagen del país en el exterior.
El abogado Jeffrey Lichtman representa legalmente a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien recientemente se declaró culpable de cargos por narcotráfico en una corte estadounidense. En ese contexto, Lichtman cuestionó la postura del gobierno mexicano en torno al narcotráfico, comparando el trato recibido por Guzmán con el del general Salvador Cienfuegos, quien fue liberado en 2020 tras ser acusado en EE. UU.
La administración mexicana sostuvo que no dialogará con abogados defensores de criminales y que no permitirá "campañas de desprestigio disfrazadas de defensa legal". La demanda, además de ser un acto legal, es también una postura política firme ante lo que considera un intento de desestabilización por parte de intereses ligados al crimen organizado.
El caso podría tardar meses en avanzar en los tribunales, pero el gobierno federal afirmó que llevará el proceso hasta las últimas consecuencias, con el objetivo de dejar claro que la difamación contra la presidencia de México no quedará impune.
