El panorama de la industria del entretenimiento digital en México sufrirá una transformación radical tras la confirmación oficial de un nuevo gravamen fiscal. A partir del 1 de enero de 2026, los videojuegos violentos estarán sujetos a un impuesto del 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), una medida que duplicará el costo de estos productos para el consumidor final.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación, busca regular el acceso a contenidos que, según el criterio legislativo, podrían incidir en conductas agresivas. Con esta disposición, México se coloca como uno de los países con la carga tributaria más alta para el software de entretenimiento a nivel global.
Impacto en los precios y el mercado
La aplicación del IEPS a videojuegos significa que un título de estreno que actualmente oscila entre los 1,400 y 1,700 pesos mexicanos, pasará a costar cerca de 3,000 pesos. Este ajuste afectará tanto a las copias físicas como a las plataformas de distribución digital, obligando a las empresas del sector a reestructurar sus precios en el mercado nacional.
Expertos de la industria advierten que este incremento del 100% podría incentivar el crecimiento del "mercado gris" y la piratería, ya que los consumidores buscarán alternativas más económicas fuera de los canales oficiales.
Criterios de clasificación y recaudación
La ley especifica que el gravamen se aplicará exclusivamente a títulos clasificados con altos niveles de violencia. El proceso de selección se basará en el Sistema de Clasificación de Videojuegos vigente en México, el cual categoriza los juegos por edad y contenido.
El Gobierno Federal ha señalado que la recaudación derivada de este impuesto se destinará a:
- Programas de prevención del delito.
- Iniciativas de salud mental para jóvenes.
- Fomento de actividades deportivas y culturales.
Reacción de la comunidad gamer
La respuesta de los usuarios y desarrolladores no se ha hecho esperar. Diversas asociaciones de tecnología han expresado su preocupación, señalando que la medida no distingue entre arte digital y violencia gratuita, además de representar un golpe económico para una industria que aporta millones al Producto Interno Bruto (PIB) del país.
A medida que se acerque el 2026, se espera que las cámaras de comercio interpongan recursos legales, aunque, por ahora, el decreto se mantiene firme como una realidad para el próximo año fiscal.
